POR BENNY RODRIGUEZ
Barahona.- La empresa Emerald Solar Energy, que impulsa el proyecto de energía solar en Canoa, a un costo de 40 millones de dólares, no esconde que su ejecución está en riesgo de concretarse por el conflicto con el ayuntamiento del municipio de Vicente Noble y la Junta de Distrito de Canoa, quienes exigen el pago de US$630,000.00 por concepto de arbitrios.
Fernando Joffre, director en el país de la empresa de capital canadiense, sin embargo, dijo estar esperanzado en alcanzar un acuerdo razonable con el alcalde del municipio de Vicente Noble, Domingo de los Santos (Savin) y con el Director de la Junta Distrital de Canoa, que ponga fin al conflicto que mantiene paralizado el proyecto.
Joffre, al responder preguntas de periodista locales durante una rueda de prensa celebrada en el restaurante María Montéz, dijo que los cálculos de la compañía establecen que el pago que deben hacer por concepto de arbitrios es de US$23,000.00.
Sin embargo, explicó que en su búsqueda de solución al conflicto La empresa Emerald Solar Energy, incrementó en US$7,000.00 más para una sumatoria total por ese concepto de US$30,000.00, más un fondo de US$120,000.00 para obras de impacto social para beneficiar a ambas comunidades.
“Hablamos de una suma de US$170,000.00, unos 7.5 millones de pesos dominicanos, pero no obstante a eso hemos comenzado a contactar a las autoridades municipales, con una carta al alcalde de Vicente Noble”, expuso a la prensa el director de la referida canadiense.
Recordó que se trata de un proyecto declarado de “prioridad nacional” por la administración de gobierno del presidente Danilo Medina, tras que en un principio el cobro de arbitrio de US$300,000 y que la suma le resultó una “sorpresa” por lo elevada de la suma para ese empresa que, a su vez, incrementa el costo del proyecto.
De igual modo, el ejecutivo de la referida empresa, negó que Emerald Solar Energy se niegue a pagar los arbitrios que por ley le corresponde, sino que, su único pedido es que se le ponga nombre y apellido al cobro que exigen, sobre todo, que este tenga un basamento legal.
“Somos respetuoso de las legislaciones y normativas vigentes en la República Dominicana y estamos en la disposición de pagar lo que haya que pagar, pero que se le ponga nombre y apellido, sobre todo, que cuente con un basamento legal”, afirmó Joffre.
