BANI: Un coronel, un mayor, dos tenientes, un sargento y un cabo de la Policía están suspendidos y son investigados por la Dirección Central de Asuntos Internos de la Policía, acusados de haber aceptado un soborno de 250 mil pesos que les habría entregado el padre de un joven acusado de la muerte de un menor de 15 años en Baní el pasado agosto.
Los oficiales que investiga Asuntos Internos son el coronel Marco Antonio Matos Lara, el mayor Carlos Alberto Céspedes Moreta, el primer teniente Efrén Avelino Andújar Castillo y el segundo teniente Santo Carvajal Guzmán; asimismo el sargento mayor Santo Suárez Martínez, y el cabo Julio César Ibert Montero, acusados de aceptar un supuesto sobornos y de encubrir delitos y crímenes cometidos por una banda que operaba en el sector Mata Gorda de Paya, Baní.
Los seis prestaban servicio en la subdirección de Investigaciones Criminales (Dicrim), en la sede de la dirección regional Sur Central de Baní.
La profesora Julissa Martínez Peguero, madre de Roylan Martínez, de 15 años, muerto de un balazo el 19 de agosto a las 2:30 de la madrugada, en Mata Gorda, acusa a los agentes policiales de aceptar un soborno de 250 mil pesos de Israel Cruz Soto, padre de Ismael Cruz (El Gordo), para evitar que éste fuera detenido cuando llegaron a su vivienda a buscarlo con una orden de arresto.
Según las investigaciones el adolescente Martínez transitaba en una passola junto a Angélica y Piringo, próximo a la Fosferera en la carretera Sánchez, tras de salir del Bar Fénix, donde fueron interceptado y tumbados de la moto por El Gordo y Edward Yunior Cruz Herrera (Ricopiolo).
El caso se reportó como “un accidente de tránsito”, pero la madre de Martínez, quien estuvo ingresado varios días en cuidado intensivo en una clínica, dijo que previo a morir su hijo dijo a la Policía que los golpes los recibió traer caer al ser derribado de la passola por “El Gordo” y “Ricopiolo” para atracarlo.
Martínez Peguero presentó denuncia en la Policía en contra de “El Gordo” y “Ricopiolo”, pero días después dijo que los agentes del Dicrim no hacían nada por apresar a los culpables de la muerte de su hijo.
Entonces hizo la denuncia en la fiscalía sobre la negligencia policial, “y que los policías con la orden de arresto en manos fueron a la residencia del padre de El Gordo, que al enterarse de lo que ocurría, supuestamente entregó 250 mil pesos a los agentes y les dijo que “digan que no lo encontraron, a pesar de estar en ese momento en la casa, y salió y compró un ticket de avión, y mandó a su hijo para los Estados Unidos”.
Luego de la denuncia, el director general de la Policía, mayor general Ney Bautista Almonte, dispuso que Asuntos Internos investigara e instruyó al general Héctor García Cuevas, director central de Asuntos Internos, presentar un informe.
