POR BENNY RODRIGUEZ
Barahona.- El combate a la criminalidad debe ser el resultado de un trabajo articulado entre instituciones preventivas y adopción de medidas de corte social, que haga “más rara la tentación de delinquir”.
La afirmación es del magistrado Joselin Moreta Carrasco, presidente de la Cámara Penal del Distrito Judicial de Barahona, en su discurso ayer lunes Día del Poder Judicial.
Recordó que ese es un planteamiento de la Unión Internacional del Derecho Penal que deben llevar al Estado dominicano a realizar una reingeniería en su política criminal.
Afirmó que está comprobado que la imposición de pena no es el único medio de lucha contra la delincuencia.
“Sino que debe completarse con la organización de instituciones preventivas y medidas de corte social que tenga por fin hacer más rara la tentación de delinquir, tal y como lo planteara la Unión Internacional del Derecho Penal en su momento”, expuso.
Admite la gran preocupación que sobre la criminalidad tiene el pueblo y que muchos entienden que la mejor forma de combatirla es a través de la persecución, pero reiteró que, “la persecución por sí sola en ninguna parte del mundo ha sido el remedio para contrarrestar este mal”.
“Debe erradicarse la creencia que el conflicto se resuelve solo con una sentencia condenatoria o absolutoria que resulta altamente costoso, de reconocida complejidad y en ocasiones hasta traumático”, expuso.
Reafirmó que la lucha contra el crimen no será efectiva hasta que en su rediseño no se involucre la familia, “la cual define nuestra Constitución como el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas”.
Citó que la resolución 2142-2018, de la SCJ, del 19 de julio de 2018, establece el Reglamento General sobre los Mecanismo Alternativos de Solución de Conflictos en la República Dominicana, en donde encuentra apoyo su decisión para entender la complejidad de la criminalidad y forma de solucionarla.
“Se trata de un marco general que regula la solución alterna a conflictos en todas las materias”, expuso.
Indicó que se trata de un instrumento normativo que pretende “pacificar” el conflicto, a través de la mediación y conciliación, que posibilite reparar el daño causado, evitando la revictimización.
“Promover la auto composición del acto jurisdiccional con pleno respeto de las garantías constitucionales y al mismo tiempo neutralizar los perjuicios que pudieran derivarse del proceso”, señaló.
No hay cultura
Reconoce que en el país no exista una cultura de conciliación porque en el pasado el Código de Procedimiento Criminal tenía una posición cerrada.
“Todo estaba llamado a judicializarse. El actual código, de corte adversarial, le da un papel activo a las partes en determinados casos, abriendo la posibilidad de la mediación y conciliación en procura de buscar armonía por medio del dialogo”, indicó.
Sin embargo, aclaró que no se contaba con una herramienta que permitiera materializar el propósito de de la mediación con apego al cumplimiento de las reglas mínimas de derecho.
“La idea pues, es tratar de evitar atestar los tribunales de expedientes y radicalizar las posiciones de las partes por ausencia de un mecanismo de mediación o conciliación que facilite el dialogo entre las partes en conflicto”, sostuvo.
Descomposición familiar
Citó, asimismo, el elevado índice de descomposición familiar existente en el país, los incestos, feminicidios, violencia de género, embarazos en adolescentes, entre otra problemática que, asegura son males engendrados en la familia.
Afirmó que esta es parte compleja “porque la sociedad es receptora del producto final que emana de la familia.
Señaló que descomposición familiar es sinónimo de la descomposición social, asegurando que si se quiere una mejor sociedad debe hacerse un trabajo con la familia, como el principal núcleo social.
“Es la institución más antigua del género humano, a la que todos estamos llamados a preservar en procura de que nuestros hijos tengan un mejor país”, expuso.
Manifestó que la sociedad del futuro no puede depender del más fuerte, ni mucho menos del que más recursos o relaciones tenga, “sino sometida al imperio de la ley”.
Dijo que el momento invita a garantizar una administración de justicia transparente en esta jurisdicción y dio garantías de que así ha sido y que así será.
