Por Carlos Julio Féliz Vidal.
El presidente Abinader inició su mandato, enfrentando una crisis sanitaria y económica, sin precedentes en la República Dominicana. El partido que dirige, por primera vez asume la dirección de la cosa pública.
El PRM no es el PRD que gobernó el país en 1963, en 1978, en 1982 y el 2000; como no era el PLD el PRD que gobernó en 1963, que promovió el retorno a la Constitucionalidad en 1965, con la gloriosa revolución de abril, que apoyó la presidencia ese mismo año del coronel Camaño y que postuló de nuevo a Juan Bosch en las elecciones de 1966.
El PLD y el PRM, se distanciaron, legal, orgánica y funcionalmente del PRD, partido del que se desmembraron, lo que no significa que no hayan conservado vicios propios de la organización política de la que se separaron.
El PLD surgió del PRD, como el PRM, para ser dos entidades con autonomía y personalidad jurídicas propias, que han llegado a gobernar el país, bajo su propia responsabilidad y designio.
El PLD llevó a Leonel Fernández al poder en 1996, en una segunda vuelta electoral; luego de 23 años de formación; el PRM, lleva a Luis Abinader al poder en el 2020, luego de seis años de formación.
Ni Leonel Fernández ni Luis Abinader habían acumulado experiencias de Estado significativa, antes de ser electos presidentes de la República.
En los dos primeros años del presidente Fernández, en el país hubo creación de movimientos cuya consigna era “ayudemos a Leonel a gobernar”, porque el PLD y su presidente, parecía que no comprendían del todo, lo intrincado del Estado y lo delicado del manejo de la “cosa pública”.
Esa visión limitada del PLD del manejo del gobierno, le valió el mote de “come sólos” y le hizo perder las elecciones en el año 2000.
Hoy, que gobierna el PRM, en situaciones muy delicadas, con un presidente con una visión ética muy bien definida, pero con retos impresionantes, que ameritan no sólo de la prudencia ordinaria en el manejo de los asuntos del Estado, sino también de la sabiduría excepcional que se necesita en tiempos de depresión económica y de emergencia sanitaria, es pertinente darle una amplia posibilidad a Abinader de gobernar por el bien del país, ocasión que el mandatario debe aprovechar para ser cauto en la toma de decisiones cardinales, que no pongan en peligro su obra de gobierno ni la la tranquilidad del pueblo dominicano.
El país debe recordar, que el presidente Balaguer, a pesar de su dilatada experiencia pública y como jefe del Estado, ante la crisis económica de los finales de los ochenta (Siglo XX), se sintió agobiado y se habló de su eventual renuncia a inicios del periodo 1990-1994, lo que se evitó con los “famosos acuerdos tripartitos” entre el Gobierno, los empleadores y trabajadores, que permitieron las reformas tributaria, financiera y laboral en el año 1992, que facilitaron aumentar la recaudación fiscal y la inversión pública en renglones económicamente sensibles, para compensar los efectos negativos de los nuevos impuestos.
El presidente Abinader necesita nuevos recursos para afrontar los efectos de la pandemia y reactivar la economía.
Los impuestos al consumo en épocas de crisis son particularmente delicados porque pueden tener efectos de “retranca”, al disminuir las transacciones de los bienes y servicios gravados.
En época de crisis económicas, se ha probado que la austeridad y la dinamización de las actividades productivas y de las generadoras de empleo, son las respuestas más eficientes para la recuperación económica.
Los impuestos directos, aplicados racional y proporcionalmente a los ingresos a los más favorecidos, son un mecanismo idóneo que facilita una acumulación necesaria para mantener el equilibrio macroeconómico y la paz social.
En épocas de crisis económicas, es preferible disminuir las partidas presupuestarias superfluas y reorientar el gasto público, que buscar ingresos adicionales para cubrir nuevas necesidades.
El presupuesto que pretende manejar el Gobierno, de más de un billón de pesos, debe ser consensuado con la clase política, la empresarial y comercial, la trabajadora y la sociedad civil, aunque se tengan que postergar aspiraciones legítimas para el próximo presupuesto.
Los ingresos han de ser menores ante una recesión económica, por lo tanto, hay que recortar gastos innecesarios y priorizar lo verdaderamente importante; el Estado tendrá menos movilidad ante la pandemia, por ende, menos gastos en combustibles, representación y dietas, en almuerzos, desayunos y cenas de cualquier índole, recursos que pueden ser redistribuidos.
Al presidente hay que permitirle, sin someterlo a una presión indebida y estemporanea, a que pueda consensuar el presupuesto y sus fuentes de sustentación, con las fuerzas vivas del país, que permitan arribar a un acuerdo nacional, donde el gran beneficiario sea el país.
El presidente ha dado muestras de sobras, de que quiere gobernar tomando en cuenta al soberano, que es el pueblo dominicano, razón por la que ha dicho que ningún impuesto se aprobará sin el consenso debido, de ahí que lo sensato sea permitir que fluyan las propuestas, que sin afectar el orden constitucional, sean más adecuadas para solventar la crisis económica y sanitaria, que vive el país, derivada del Covid 19, y que no podemos ignorar, por el futuro mismo de la Nación Dominicana.
El presidente necesita del mismo apoyo del pueblo que lo llevó a la escalinatas del Palacio Nacional, máxime cuando aún falta el tradicional plazo de los cien días que se le otorga a la nueva administración, sin someterla al agobiante estrés de la oposición política y mediática, lo que se justifica aún más, por la situación excepcional que se vive en el país y de la que conviene a todos, que salgamos lo menos afectados.
