Pedirle el voto a un trabajador cuyo salario pierde valor bajo tu gobierno exige algo más que advertirle sobre la derecha. Parte de la izquierda latinoamericana ha llegado a las elecciones sin una respuesta convincente a esa contradicción.
Las derrotas en Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia muestran problemas diferentes, pero plantean una pregunta común: ¿por qué fuerzas que construyeron su legitimidad alrededor de las mayorías han perdido la confianza de una parte de ellas? La decadencia aparece cuando esas organizaciones dejan de responder a su gente y son incapaces de corregir los errores que les cuestan su confianza. Atribuirlo todo a la propaganda conservadora permite evitar la discusión más incómoda: cuánto de ese retroceso nace de errores propios.
Argentina dejó una advertencia en noviembre de 2023. Javier Milei ganó la segunda vuelta con cerca del 56 % frente a Sergio Massa, ministro de Economía de un gobierno que llegaba a las elecciones con una inflación anual del 143 %. El peronismo es una tradición heterogénea y no puede reducirse entero a la izquierda, pero la derrota golpeó al proyecto gobernante asociado al kirchnerismo y a la centroizquierda. Esa contradicción tuvo un rostro concreto: el ministro de Economía pidió el voto de trabajadores cuyo salario perdía poder de compra bajo su gestión. Advertirles sobre Milei no resolvía la pregunta que tenían delante: por qué debían confiar otra vez en él.
Sería apresurado interpretar aquel resultado como una adhesión de todos esos electores al programa libertario. También cabe leerlo como un castigo a quienes habían agotado su credibilidad. Advertir sobre los riesgos del adversario pierde eficacia cuando el ciudadano ya considera insoportable su situación. El miedo al cambio puede terminar siendo menor que el cansancio con el gobierno.
En Chile, José Antonio Kast obtuvo alrededor del 58 % frente a Jeannette Jara en diciembre de 2025. La candidata de la coalición gobernante fue derrotada en una elección marcada por la preocupación por la delincuencia, la migración y la economía. El contraste con las expectativas abiertas por el triunfo de Gabriel Boric fue contundente.
La izquierda tiene razones para cuestionar los abusos cometidos en nombre del orden. Pero pierde terreno cuando esa crítica no viene acompañada de una política de seguridad convincente. Quien vive en un barrio donde teme salir de noche necesita protección efectiva. Explicar las causas sociales del delito es necesario; hacerlo sin ofrecer respuestas inmediatas deja a la población expuesta y entrega una demanda popular a la derecha.
Bolivia mostró un deterioro todavía más profundo. En la primera vuelta de 2025, el candidato del Movimiento al Socialismo, Eduardo del Castillo, quedó reducido a poco más del 3 %. Rodrigo Paz ganó después la presidencia, cerrando un prolongado ciclo de predominio del MAS. La crisis económica, la escasez de dólares y combustibles y la fractura entre Evo Morales y Luis Arce acompañaron aquel desplome.
Allí quedó expuesto el costo de convertir un proyecto colectivo en una disputa por el control del liderazgo. Una organización puede conservar símbolos, militantes e historia mientras pierde capacidad para gobernar y escuchar. Los logros anteriores merecen reconocimiento, pero no conceden una prórroga indefinida. Tampoco obligan a los ciudadanos a soportar el presente por gratitud.
Ecuador exige una lectura distinta. Daniel Noboa derrotó a Luisa González en abril de 2025 con aproximadamente el 55,6 %. Sin embargo, el respaldo de más del 44 % a la candidata correísta impide hablar de una izquierda desaparecida. Se trata de una fuerza considerable que volvió a encontrar un límite para alcanzar la presidencia, en una campaña donde la violencia ocupó un lugar central. Perder una elección y perder vigencia por completo son cosas diferentes.
Colombia añadió otra derrota en junio de 2026. Abelardo de la Espriella venció a Iván Cepeda, candidato del proyecto político de Gustavo Petro. El escrutinio oficial confirmó una diferencia de aproximadamente 252,000 votos: una derrota estrecha, lejos de un derrumbe electoral. La izquierda perdió la presidencia, pero conservó una base de más de 12.7 millones de electores.
La seguridad fue uno de los asuntos centrales de aquella campaña. De la Espriella ofreció una ofensiva contra los grupos armados, mientras Cepeda defendió la continuidad de las políticas sociales y de los diálogos de paz. El resultado obliga a preguntarse cuánto pesó la inseguridad en el voto contra la continuidad del proyecto de Petro. Buscar una salida negociada al conflicto exige demostrar que el Estado puede proteger a quienes siguen padeciendo extorsiones y violencia. Pero una diferencia tan pequeña tampoco permite afirmar que Colombia haya rechazado en bloque las propuestas de izquierda.
Brasil añade una advertencia reciente, aunque todavía no un desenlace. En la primera vuelta del 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03 % y Lula el 45,16 %. Ambos disputarán la segunda vuelta el 25 de octubre. Lula conserva un respaldo enorme; darlo por derrotado sería falsear el resultado. Aun así, quedar detrás de su adversario obliga al Partido de los Trabajadores a examinar por qué su trayectoria y su gestión no bastaron para encabezar la votación.
Estos casos permiten hablar de retrocesos importantes, no de una sentencia continental. Claudia Sheinbaum ganó ampliamente en México en 2024 y Yamandú Orsi devolvió ese mismo año la presidencia de Uruguay al Frente Amplio. Omitir esas victorias para sostener la decadencia inevitable de toda la izquierda sería escoger únicamente los hechos que convienen al argumento. Un gobierno puede perder porque la gente se cansó de su gestión. El problema se agrava cuando el partido sigue defendiendo esa gestión sin responder a las razones del descontento.
También pesa la facilidad con que ciertos dirigentes confunden la defensa de una causa con la defensa de sus propios cargos. La fractura del MAS muestra cuánto puede perjudicar a una organización la disputa entre sus principales líderes. Cuando la crítica interna se considera una amenaza y el relevo depende de quienes controlan el partido, corregir llega a ser más difícil que perder.
La desigualdad, la precariedad laboral y la concentración de la riqueza siguen dando razones para una izquierda democrática. Precisamente por eso, sus organizaciones deberían someterse a una exigencia mayor: administrar con competencia, rendir cuentas y evaluar si sus políticas producen los resultados prometidos. La justicia social requiere recursos sostenibles e instituciones que funcionen. Un servicio público deficiente perjudica primero a quien no puede pagar una alternativa.
A mi juicio, algunos dirigentes de la izquierda latinoamericana se han acostumbrado a exigir una comprensión que ellos nunca concedieron a sus adversarios. Desde la oposición reclamaban resultados; en el gobierno piden paciencia. Respeto sus trayectorias y las conquistas que impulsaron, pero me cuesta aceptar que descalifiquen como ataques las críticas que antes consideraban legítimas cuando iban dirigidas a otros. La derecha también tendrá que responder por sus resultados; sus victorias no certifican de antemano la calidad de sus gobiernos.
La izquierda tendrá que decidir si está dispuesta a corregirse o si seguirá exigiendo lealtad mientras protege a quienes fallan. Recuperar la confianza exige consecuencias: apartar a los corruptos propios, abrir paso al relevo y responder por los resultados. Si ningún dirigente responde por sus errores, la autocrítica queda en palabras.
El trabajador que retira su voto no traiciona una causa. Tiene derecho a exigir que su salario alcance y que su familia viva segura. Quienes le pidieron el poder para defenderlo deben rendir cuentas. La decadencia de la izquierda se vuelve más profunda cuando exige lealtad al pueblo mientras sus dirigentes incumplen los compromisos que asumieron con él.
El autor: Dirigente político y comunicador
