BUSCAR EN NUESTRA PAGINA

Header Ads

viernes, 30 de octubre de 2026

Universidades, costos y dinero público: una necesaria rendición de cuentas

0 comments
Por Ezequiel Cuevas

El costo de una carrera universitaria en la República Dominicana plantea una pregunta fundamental: ¿cuánto depende el acceso a la educación superior de la capacidad económica de cada familia? UNICARIBE publica RD$2,500 por asignatura semipresencial, mientras UNIBE informa un costo total de RD$1,369,000 para Derecho y RD$2,167,000 para Medicina, aplicable a dominicanos. Aunque estas cifras corresponden a programas y estructuras diferentes, muestran la necesidad de discutir el financiamiento universitario desde la calidad, la equidad y las posibilidades reales del estudiante.

A este debate se incorpora el planteamiento del sacerdote Isaac García de la Cruz, presidente de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU), recogido en la información publicada por Listín Diario el 29 de octubre de 2026: las universidades dominicanas no pueden sostenerse únicamente con las matrículas estudiantiles. En declaraciones también reseñadas por El Día, explicó la importancia de otros recursos y señaló que las instituciones sin fines de lucro deben rendir cuentas al Estado y a quienes financian sus proyectos. Su posición sitúa la sostenibilidad financiera en el centro de la discusión.

El argumento merece atención: cobrar una matrícula elevada no demuestra, por sí solo, que una universidad obtenga ganancias excesivas, pues formar profesionales requiere docentes, laboratorios, tecnología, infraestructura e investigación. Sin embargo, afirmar que las matrículas resultan insuficientes tampoco permite conocer la situación financiera de cada institución. Para evaluar esa afirmación hacen falta estados financieros auditados y datos sobre costos por estudiante, ingresos complementarios y ayudas recibidas. La transparencia permitiría distinguir necesidades justificadas de ineficiencias que no deberían trasladarse automáticamente a las familias o al presupuesto público.

Los aportes estatales hacen todavía más necesaria esa claridad. El presupuesto inicial de 2026 consigna RD$388,642,229 del MESCyT para organizaciones no gubernamentales del área de educación, una categoría que no identifica exclusivamente universidades privadas. Para 2025 se divulgaron RD$174.6 millones destinados a asociaciones sin fines de lucro, incluidas fundaciones universitarias y academias, y RD$855.3 millones para becas nacionales. Son partidas de naturaleza y períodos distintos: no deben sumarse como si constituyeran un único subsidio anual a las universidades privadas, ni confundirse con desembolsos efectivamente realizados.

La UASD ocupa un lugar esencial en esta discusión por su contribución al acceso educativo. Sus bajos cobros al alumnado deben analizarse junto con el financiamiento público que sostiene la formación. Si, como ejercicio hipotético, una carrera implicara RD$20,000 en pagos universitarios, los RD$2,167,000 publicados para Medicina en UNIBE equivaldrían a 108 de esas carreras. Esa equivalencia ilustra diferencias en el desembolso estudiantil, pero no significa que el Estado pueda formar 108 profesionales con ese dinero: excluye el costo institucional, los materiales y la manutención.

El planteamiento de la ADRU debe conducir a un debate informado sobre quién financia la educación superior y qué recibe la sociedad a cambio. Los aportes públicos a instituciones privadas pueden contribuir a becas, investigación y oportunidades regionales, siempre que respondan a criterios verificables y resultados transparentes. Al mismo tiempo, fortalecer la UASD exige recursos suficientes y administración eficiente. La sostenibilidad de las universidades debe acompañarse de acceso, calidad y rendición de cuentas, para que la formación profesional no quede determinada por el ingreso familiar.

No hay comentarios.: