De acuerdo a Castillo Semán, el interés del procurador, doctor
Francisco Domínguez Brito, es llevar al legislador junto al ex
presidente Fernández, al “banquillo” de los acusados, para que sea
juzgado por el caso de la Sun Land y así descalificar a Fernández, para
que no pueda volver a ser candidato presidencial en el año 2016.
“Hay sectores de la sociedad civil que anduvieron con el PPH que
están promoviendo un enjuiciamiento a Leonel Fernández y sus más
cercanos colaboradores, por supuestos hechos de corrupción en su
administración, que han encontrado en Domínguez Brito un aliado para
esos fines”, apuntó Castillo Semán.
Añadió que, “es evidente que el objetivo político inmediato de estos
grupos es lograr destruir la unidad del PLD y la relación armoniosa
entre Leonel y Danilo, que evidentemente está siendo puesta en máxima
tensión a raíz de la decisión reciente del procurador general, de pedir a
la Suprema Corte de Justicia la revocación del archivo definitivo
dictaminado por Hotoniel Bonilla, Director de la DPCA, en favor de Félix
Bautista”, concluyó Vinicio Castillo Semán.
Al respecto, también se refirió el abogado Abel Rodríguez del Orbe,
quien dijo que la decisión del procurador, de pedir a la Suprema Corte
de Justicia (SCJ) que revoque el auto de archivo del expediente del
senador Félix Bautista, violenta una serie de artículos de la
Constitución, de la Ley Orgánica del Ministerio Público y del Código
Procesal Penal.
De acuerdo a Rodríguez del Orbe, abogado de Bautista, la decisión
contraviene con los artículos 173, 40, 15, 68 y 69 de la Carta Magna,
al igual que lo dispuesto en los artículos 5, 15, 20, 22 y 23 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, y el 25, 89, 281, 393 y 395 del Código
Procesal Penal.
El primero en hacer esa observación fue el abogado Julio Cury, quien
dijo que sólo la víctima o el querellante, en virtud del artículo 281
del Código Procesal Penal, pueden objetar judicialmente el archivo.
Recordó que en virtud del artículo 89 del Código Procesal Penal, el
Ministerio Público es único e indivisible y que cada miembro, cuando
figura en un acto o proceso, lo representa íntegramente.
Mientras que para Rodríguez del Orbe, la preocupación por el caso del
procurador Domínguez Brito, no es más que un propósito puramente
político.
El proceso fue abierto en la campaña electoral con motivo de
denuncias interpuestas por el comando de campaña del Partido
Revolucionario Dominicano (PRD), la Alianza Dominicana contra la
Corrupción (Adocco) y otras entidades.
Rodríguez del Orbe, quien fuera procurador general de la República y
consultor jurídico del Poder Ejecutivo en los gobiernos de Leonel
Fernández, calificó como justa y fundada en derecho, la decisión del
fiscal anticorrupción, Hotoniel Bonilla, por entender que en la
investigación no se encontraron elementos indiciarios, y quedó
establecido con documentos irrefutables, que las acusaciones promovidas
contra Bautista tenían un carácter político.
