POR ORLANDO JORGE MERA.
En 1983, mi padre promulgó el decreto que creó el Parque Nacional de Jaragua, incluyendo su reserva científica. Posteriormente, en 1986, se promulgó el Plan de Manejo de este Parque, que, según los expertos, es uno de los mejores planes con los que cuenta el país para la preservación de ese patrimonio que le pertenece al pueblo dominicano.
La historia del fraude inmobiliario que se gestó entre 1996 y 1997 ha sido ampliamente difundida por los medios de comunicación. Los principales beneficiarios de este fraude fueron funcionarios públicos de entonces, legisladores, políticos, empresarios e inversionistas que maniobraron para obtener títulos falsos e ilegales en parcelas que están ubicadas dentro del Parque de Jaragua, que incluyen terrenos de Bahía de las Águilas. Sobre ese fraude inmobiliario, existen sendas acciones legales que cursan los tribunales, y que, a pesar de la dejadez del propio Ministerio Público, en todas sus etapas, están pendientes de fallo.
Intentar legitimar el fraude fue la idea original de quienes llegaron incluso a obtener un poder del presidente Danilo Medina para transar con quienes poseen esos títulos, bajo la idea de promover el desarrollo de Pedernales, con el esquema de crear un fideicomiso, que tuviese una participación de 55% para el Estado y 45% para los poseedores de títulos. El acuerdo transaccional fue redactado, y ahí figuran los nombres de todos los beneficiarios y sus apoderados representantes.
Repartirse el pastel de Bahía de las Águilas sería otro escándalo de corrupción, tan parecido al de la Sun Land. Incluso, dirigentes políticos pertenecientes a la oposición llegaron a apoyar ese acuerdo. Afortunadamente, otros nos sumamos al reclamo sensato de entidades de la sociedad civil y de las Iglesias para reclamar que el gobierno desistiera de legitimar ese fraude.
Saludo la decisión del presidente Danilo Medina. Rectificó a tiempo y reivindicó el principio de legalidad. Hay que desarrollar Pedernales, pero dentro de la ley.
