SANTO DOMINTGO_ La decisión del Gobierno de pactar con poseedores de títulos en los terrenos de la franja Sur entre Barahona y Pedernales, específicamente los predios en torno a Bahía de Las Águilas, constituye un mal ejemplo que sienta un mal precedente en una sociedad que busca sentar un ambiente de derechos.
Así lo establece el editorial del periódico El Nuevo Diario en su edición de esta fecha, dedicado a tratar el tema de los referidos terrenos en litis y sobre los cuales el Estado se plantea inversiones turísticas con la participación del sector privado.
El editorialista deplora que se les considere “propietarios” a muchos de esos poseedores con títulos falsos, que por además, han estado en proceso judicial encausados por el propio Estado Dominicano.
Sostiene que con el fideicomiso anunciado por el gobierno a favor de los poseedores cuestionables, se está premiando a quienes son ladrones de títulos.
Señala que al considerar “propietarios” a ese grupo, el Gobierno ha legalizado a quienes han sido capaces de hacerse de títulos falsos en contra del propio Estado.
“Con un acuerdo como este quedan muy mal parados el Gobierno y nuestro sistema judicial que no han sido capaces de determinar con claridad y celeridad la verdad sobre esos títulos falsos, aún cuando hayan sido otorgados por el propio Estado”, sostiene.
La opinión editorial de este medio afirma que alegar que el Sur no puede esperar para el desarrollo del turismo, constituye una buena excusa para no hacer las cosas bien.
Recuerda que cuando quiere eliminar los obstáculos que impidan las inversiones en cualquier otra región del país, el Gobierno hace lo correcto.
“Pero sentar este precedente puede ser un incentivo para los falsificadores”, añade.
Detalla que en el país hay muchas zonas con vocación turística, y otras también, como en el Sur, afectadas por poseedores de títulos falsos.
El editorial alerta que si esta fórmula aplicada en el caso de los terrenos de Pedernales acaba imponiéndose, veremos a los falsificadores estableciendo sus propias reglas.
“No acabamos de convencernos de la conveniencia de que la aplicación de la ley es la única vía segura al progreso sostenible. Desgraciadamente siempre estamos normados por lo contrario, y no sabemos hasta cuándo”, concluye.
El editorialista deplora que se les considere “propietarios” a muchos de esos poseedores con títulos falsos, que por además, han estado en proceso judicial encausados por el propio Estado Dominicano.
Sostiene que con el fideicomiso anunciado por el gobierno a favor de los poseedores cuestionables, se está premiando a quienes son ladrones de títulos.
Señala que al considerar “propietarios” a ese grupo, el Gobierno ha legalizado a quienes han sido capaces de hacerse de títulos falsos en contra del propio Estado.
“Con un acuerdo como este quedan muy mal parados el Gobierno y nuestro sistema judicial que no han sido capaces de determinar con claridad y celeridad la verdad sobre esos títulos falsos, aún cuando hayan sido otorgados por el propio Estado”, sostiene.
La opinión editorial de este medio afirma que alegar que el Sur no puede esperar para el desarrollo del turismo, constituye una buena excusa para no hacer las cosas bien.
Recuerda que cuando quiere eliminar los obstáculos que impidan las inversiones en cualquier otra región del país, el Gobierno hace lo correcto.
“Pero sentar este precedente puede ser un incentivo para los falsificadores”, añade.
Detalla que en el país hay muchas zonas con vocación turística, y otras también, como en el Sur, afectadas por poseedores de títulos falsos.
El editorial alerta que si esta fórmula aplicada en el caso de los terrenos de Pedernales acaba imponiéndose, veremos a los falsificadores estableciendo sus propias reglas.
“No acabamos de convencernos de la conveniencia de que la aplicación de la ley es la única vía segura al progreso sostenible. Desgraciadamente siempre estamos normados por lo contrario, y no sabemos hasta cuándo”, concluye.
