La ley 28-01, que crea una zona especial de desarrollo fronterizo, ha cumplido 12 años de vigencia, tiempo suficiente para que Gobierno y Congreso evalúen si ese estatuto de incentivo fiscal ha cumplido su cometido de incrementar empleos y elevar la calidad de vida de los residentes en esa zona deprimida.
Esa legislación otorga facilidades y exenciones a las empresas que se establezcan en Pedernales, Elías Piña, Independencia, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Baoruco, como forma de evitar el éxodo masivo de residentes a causa del desempleo o carencia de oportunidades para generar negocios.
En la ley se establece que las empresas industriales, agroindustriales, agropecuarias, metalmecánicas, zonas francas, turísticas o eléctricas que se asienten en la franja fronteriza, dispondrán de exoneración en un cien por ciento de los impuestos internos durante un periodo de 20 años, además de una reducción de un 50 por ciento en los costos de transportes y servicios aduanales.
Tales incentivos deberían motivar a inversores nacionales y extranjeros a levantar unidades productivas en cualquiera de esas siete provincias, en el entendido de que disfrutarían de una ventaja competitiva incomparable, a lo que se agrega que la mano de obra es relativamente barata.
La Asociación de Industrias y otros gremios empresariales han objetado la referida ley, porque a su juicio genera competencia desleal, impide el ingreso al Estado de más de mil millones de pesos anuales en impuesto y porque no ha tenido los efectos positivos de empleo y calidad de vida previstos por el legislador.
También se afirma que no pocos empresarios usan ese estatuto sólo como mascarada para evadir el pago de tributos mediante artificios como la instalación de industrias en la zona fronteriza que en realidad sólo operan como almacenes.
Es por eso que se aconseja a Gobierno y Congreso revisar la referida legislación, aunque las razones de su aprobación y promulgación hace 12 años, de promover empleo y desarrollo social en las provincias fronterizas, están vigentes y son válidas.
La franja limítrofe requerirá siempre de un tratamiento especial, en términos de inversión, incentivo a la producción y a la comercialización, aunque sin crear excesivos privilegios ni ninguna forma de competencia desleal. Por muchas razones, un empleo en la frontera vale oro.
En la ley se establece que las empresas industriales, agroindustriales, agropecuarias, metalmecánicas, zonas francas, turísticas o eléctricas que se asienten en la franja fronteriza, dispondrán de exoneración en un cien por ciento de los impuestos internos durante un periodo de 20 años, además de una reducción de un 50 por ciento en los costos de transportes y servicios aduanales.
Tales incentivos deberían motivar a inversores nacionales y extranjeros a levantar unidades productivas en cualquiera de esas siete provincias, en el entendido de que disfrutarían de una ventaja competitiva incomparable, a lo que se agrega que la mano de obra es relativamente barata.
La Asociación de Industrias y otros gremios empresariales han objetado la referida ley, porque a su juicio genera competencia desleal, impide el ingreso al Estado de más de mil millones de pesos anuales en impuesto y porque no ha tenido los efectos positivos de empleo y calidad de vida previstos por el legislador.
También se afirma que no pocos empresarios usan ese estatuto sólo como mascarada para evadir el pago de tributos mediante artificios como la instalación de industrias en la zona fronteriza que en realidad sólo operan como almacenes.
Es por eso que se aconseja a Gobierno y Congreso revisar la referida legislación, aunque las razones de su aprobación y promulgación hace 12 años, de promover empleo y desarrollo social en las provincias fronterizas, están vigentes y son válidas.
La franja limítrofe requerirá siempre de un tratamiento especial, en términos de inversión, incentivo a la producción y a la comercialización, aunque sin crear excesivos privilegios ni ninguna forma de competencia desleal. Por muchas razones, un empleo en la frontera vale oro.
