PEDERNALES.- En 14 años, el Estado dominicano no se interesó en defender en los tribunales el expediente de Bahía de Las Águilas. Incluso, los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tuvieron que declarar la extinción de la acción penal porque los fiscales no acudían a las audiencias. Fueron cambiados cerca de 20 fiscales.
Ahora que el Gobierno decide no llegar a acuerdo por los supuestos adquirientes de terrenos en esa zona, la Suprema Corte (SCJ) de Justicia, constituida en casación, deberá decidir si acoge o no la declaratoria de extinción de la acusación, emitida en octubre de 2012 por los jueces del Segundo Tribunal Colegiado Sarah Veras, Ingrid Fernández y Teófilo Andújar.
Si la SCJ rechaza la extinción por la prescripción del proceso, la cual se emitió porque venció el plazo de los tres años que la ley otorga para concluir todo proceso penal en primera instancia, el expediente deberá retornar a un tribunal de primera instancia, diferente al que lo conoció, para continuar el sometimiento en contra los hermanos Rafael A. y Jaime Rodríguez Guzmán y de Reyna Margarita Martínez. Se les imputa ostentar títulos falsos de Bahía de las Águilas.
Ahora que el Gobierno decide no llegar a acuerdo por los supuestos adquirientes de terrenos en esa zona, la Suprema Corte (SCJ) de Justicia, constituida en casación, deberá decidir si acoge o no la declaratoria de extinción de la acusación, emitida en octubre de 2012 por los jueces del Segundo Tribunal Colegiado Sarah Veras, Ingrid Fernández y Teófilo Andújar.
Si la SCJ rechaza la extinción por la prescripción del proceso, la cual se emitió porque venció el plazo de los tres años que la ley otorga para concluir todo proceso penal en primera instancia, el expediente deberá retornar a un tribunal de primera instancia, diferente al que lo conoció, para continuar el sometimiento en contra los hermanos Rafael A. y Jaime Rodríguez Guzmán y de Reyna Margarita Martínez. Se les imputa ostentar títulos falsos de Bahía de las Águilas.
