SANTO DOMINGO.-El movimiento cívico Participación Ciudadana consideró hoy que la decisión del presidente Danilo Medina de llegar a un acuerdo con las personas que adquirieron ilegalmente terrenos alrededor de Bahía de Las Águilas lo hace cómplice de una larga cadena de violaciones legales y constitucionales y resta calidad moral a las autoridades instaladas el pasado 16 de agosto.
“El decreto firmado por el presidente Medina otorgando poder al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo para desistir de las justas demandas del Estado dominicano que persiguen recuperar los terrenos robados al Estado en Bahía de Las Águilas y premiar con un 45% del valor de tales inmuebles a los adquirientes ilegales, implica el rompimiento de su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República”, expresa un comunicado emitido hoy por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana.
Tras adelantar que los próximos días procederá judicialmente contra este acuerdo, advirtió que los adquirientes ilegales que han resultado beneficiarios de esta decisión presidencial no pueden atribuirse la calidad de terceros adquirientes de buena fe en una operación que no cumplió con requisitos legales que no pueden ser desconocidos por ninguna persona en el país pues sería alegar ignorancia de la ley, lo que no está permitido.
“El gobierno envía un pésimo mensaje cuando justifica el acuerdo en la lentitud de la justicia dominicana pues fomenta que otras personas sigan su ejemplo y se hagan justicia por su propia mano. En adición, las actas de audiencia del caso inmobiliario revelan que la dilación del caso ha sido principalmente responsabilidad de la representación del Estado dominicano”, dice el documento.
“El decreto firmado por el presidente Medina otorgando poder al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo para desistir de las justas demandas del Estado dominicano que persiguen recuperar los terrenos robados al Estado en Bahía de Las Águilas y premiar con un 45% del valor de tales inmuebles a los adquirientes ilegales, implica el rompimiento de su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República”, expresa un comunicado emitido hoy por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana.
Tras adelantar que los próximos días procederá judicialmente contra este acuerdo, advirtió que los adquirientes ilegales que han resultado beneficiarios de esta decisión presidencial no pueden atribuirse la calidad de terceros adquirientes de buena fe en una operación que no cumplió con requisitos legales que no pueden ser desconocidos por ninguna persona en el país pues sería alegar ignorancia de la ley, lo que no está permitido.
“El gobierno envía un pésimo mensaje cuando justifica el acuerdo en la lentitud de la justicia dominicana pues fomenta que otras personas sigan su ejemplo y se hagan justicia por su propia mano. En adición, las actas de audiencia del caso inmobiliario revelan que la dilación del caso ha sido principalmente responsabilidad de la representación del Estado dominicano”, dice el documento.
