POR OSCAR MEDINA
El presidente Danilo Medina ha tomado una decisión valiente en procura de una salida al problema que traba el desarrollo turístico del Suroeste. Una decisión que debería ser apoyada por toda la sociedadÖespecialmente por los habitantes del Suroeste del país.
Puede que no sea la salida más ortodoxa, y ni siquiera la solución ideal. Pero al menos desbloquea un conflicto que lleva años en los tribunales de la República, sin alternativa de solución y alargando indefinidamente la explotación comercial de la región de mayor potencialidad turística del Caribe.
Digo que no es la solución ideal porque lamentablemente saldrán beneficiados unos individuos que se apropiaron irregularmente de las tierras con vocación turística de la franja costera de esa provincia.
Pero es mentira que Danilo Medina sea responsable de la legalización de esa irregularidad.
Semejantes argumentos forman parte de una campaña que buscar chantajear al Presidente Medina para que olvide e incumpla el compromiso que asumió de sentar las bases para el desarrollo del Sur, y sacar de la pobreza a los habitantes de esa región. Por demás, su región natal.
La campaña busca exculpar a los verdaderos responsables de la ocupación y falsa titulación de los terrenos en litigio. Y por eso es bueno hacer un poco de historia sobre el caso:
Esos terrenos se repartieron a supuestos “parceleros” de la reforma agraria en los últimos años del gobierno de Balaguer. Pero en realidad se trataba de testaferros, por lo que terminaron en manos de personas muy vinculadas a ese régimen.
Fue en la gestión de Leonel Fernández, entre 1996 y 2000, que se abrieron las primeras investigaciones y se sometieron a la Justicia a algunos de los responsables. Al menos los más visibles, aunque no necesariamente las mayores beneficiarios.
Y fue durante el gobierno de Hipólito Mejía que en una acción injustificable, el Estado se desinteresó de la persecución penal. No sólo abriendo la posibilidad para que esa gente pudiera regularizar su situación titulando sus parcelas, sino también facilitando una segunda ola de repartos, ya con lo poco que quedaba de la zona costera de Pedernales.
Mientras un tercer reparto se produjo en el Registro Inmobiliario, ya con personas vinculadas y protegidas por el Poder Judicial de entonces.
Todo eso ha traído como consecuencia un largo calvario que lleva ya 15 años. Al punto que una Justicia interesada llegó al extremo de la irresponsabilidad de declararse incompetente para resolverlo.
Lo hizo el anterior presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, cuando le reveló a una comisión de senadores que lo visitaba para entregarle una resolución exigiendo la solución a ese conflicto, que por la vía legal “los biznietos de sus nietos no verían resuelto el problema”.
Por tanto lo que ha hecho el Ejecutivo es simplemente desbloquear una situación que impide la inversión turística en esa región.
Para ello ---lamentablemente--- ha debido transigir, reconocer derechos y darles participación en las ventas a quienes se apropiaron irregularmente de esos terrenos. Pero que fueron “legalizados” por otros gobiernos y en otros tiempos.
Esa era la única solución posible. Lo demás era dejar que todo el Sur continuara sometido a la más abyecta pobreza, a la falta de oportunidades, pero además despoblándose, pues sus habitantes se ven obligados a huir de esa triste realidad para terminar formando cordones de miseria en las ciudades.
La otra mentira es la de la zona a desarrollar. Repiten como papagayos que es Bahía de las Águilas, una zona protegida que por ley no es susceptible de ningún tipo de desarrollo.
Cuando la verdad es que se estaría implementando el Plan Turístico de Pedernales, que involucra más de 14 kilómetros de playa entre Cabo Rojo y Bucanyé, además de Playa Blanca al otro lado del Parque Jaragua. Y que como dijera el ministro de Medio Ambiente, no toca ni una pulgada de las zonas protegidas.
En el caso de Bahía de las Águilas va más lejos, y contrario a intervenirla, la preserva. Pues ese Plan presenta a Bahía de las Águilas como un Parque Nacional, que por especial belleza y biodiversidad, se incorpora como un atractivo complementario a la oferta turística de la región.
Pero es la misma historia que se repite cada vez que se presentan proyectos para el desarrollo del Suroeste: desde confortables suites y despachos capitalinos, surgen las campañas para torpedearlos y boicotearlos.
Lo están intentando con Pedernales. Estuvieron calladitos por años sobre el tema de las tierras. Nunca presionaron a la Justicia para que solucionara el litigio. Porque nunca les ha importado la pobreza extrema de esa región.
Sin embargo ahora salen cual enjambre a cuestionar y a chantajear al Presidente, cuando por fin alguien tiene la voluntad política de resolver un problema que mantiene a miles de personas ancladas en la miseria.
Y ya están en lo mismo con los proyectos de la Carretera San Juan-Santiago y con la Presa de Monte Grande... Pero de esos casos hablaremos en otras entregas.
