El Gobierno ha pactado con los poseedores de títulos en los terrenos de la franja Sur entre Barahona y Pedernales. Específicamente se focaliza todo en los terrenos que están en torno a Bahía de Las Águilas.
Muchos de esos poseedores han estado en proceso judicial encausados por el propio Estado Dominicano. Se les ha considerado “propietarios” con títulos falsos.
Y si es así, el Gobierno ha legalizado a quienes han sido capaces de hacerse de títulos falsos en contra del propio Estado. Con este fideicomiso hemos premiado a quienes son ladrones de títulos.
Es un mal ejemplo, que sienta un mal precedente en una sociedad que busca sentar un ambiente de derechos.
Con un acuerdo como este quedan muy mal parados el Gobierno y nuestro sistema judicial que no han sido capaces de determinar con claridad y celeridad la verdad sobre esos títulos falsos, aún cuando hayan sido otorgados por el propio Estado.
Se alega que el Sur no puede esperar para el desarrollo del turismo, y la verdad es que es una buena excusa para no hacer las cosas bien.
El Gobierno hace lo correcto cuando quiere eliminar los obstáculos que impidan las inversiones en esa como en cualquier otra región del país, pero sentar este precedente puede ser un incentivo para los falsificadores. Hay muchas zonas con vocación turística en el territorio nacional, y otras también, como en el Sur, afectadas por poseedores de títulos falsos. Si esta fórmula acaba imponiéndose veremos a los falsificadores estableciéndonos sus propias reglas.
No acabamos de convencernos de la conveniencia de que la aplicación de la ley es la única vía segura al progreso sostenible. Desgraciadamente siempre estamos normados por lo contrario, y no sabemos hasta cuando.
Muchos de esos poseedores han estado en proceso judicial encausados por el propio Estado Dominicano. Se les ha considerado “propietarios” con títulos falsos.
Y si es así, el Gobierno ha legalizado a quienes han sido capaces de hacerse de títulos falsos en contra del propio Estado. Con este fideicomiso hemos premiado a quienes son ladrones de títulos.
Es un mal ejemplo, que sienta un mal precedente en una sociedad que busca sentar un ambiente de derechos.
Con un acuerdo como este quedan muy mal parados el Gobierno y nuestro sistema judicial que no han sido capaces de determinar con claridad y celeridad la verdad sobre esos títulos falsos, aún cuando hayan sido otorgados por el propio Estado.
Se alega que el Sur no puede esperar para el desarrollo del turismo, y la verdad es que es una buena excusa para no hacer las cosas bien.
El Gobierno hace lo correcto cuando quiere eliminar los obstáculos que impidan las inversiones en esa como en cualquier otra región del país, pero sentar este precedente puede ser un incentivo para los falsificadores. Hay muchas zonas con vocación turística en el territorio nacional, y otras también, como en el Sur, afectadas por poseedores de títulos falsos. Si esta fórmula acaba imponiéndose veremos a los falsificadores estableciéndonos sus propias reglas.
No acabamos de convencernos de la conveniencia de que la aplicación de la ley es la única vía segura al progreso sostenible. Desgraciadamente siempre estamos normados por lo contrario, y no sabemos hasta cuando.
