Del 51.3% logrado por el gobierno, el 29% corresponde a Impuestos sobre la Renta por utilidades netas, es decir, el mismo gravamen debe pagar cada año al cierre fiscal todo negocio que opere en la República Dominicana y obtenga ganancias, si no tiene privilegios de exenciones.
Además, los negociadores gubernamentales aceptaron que la Barrick incrementara de US$275 a 600 dólares los costos de producción por onza de oro, o sea, más del doble de lo originalmente estipulado, lo que se traduce en menos beneficios para ser distribuidos entre los dos socios de la mina.
Si se toma como referencia el precio de venta de US$1600 por onza fijado por ambas partes para repartir utilidades, y se rebajan los US$600 que es el costo de producción, el beneficio neto sería US$1,000.00, de los cuales la República Dominicana debería recibir primero el 29% de impuestos, igual a US$ 290, y los restantes US$ 710 dividirlos a partes iguales de 355, entre el Estado y la Barrick Pueblo Viejo.
Si el contrato a firmar tuviera garantizado el porcentaje que se anunció a la nación dominicana y al mundo, al sumar ambas partidas, el Estado debería recibir US$ 645 de los mil dólares de beneficios por cada onza de oro vendida.
Barrick Gold Corporation, en un comunicado desde Toronto, Cánada, dice que la mina de Pueblo Viejo, república Dominicana, es del tipo de bajo costo de producción y que se estima un aporte de entre 625,000 y 675,000 onzas de oro en los primeros cinco años de producción completa, con una vida útil calculada en 25 años.
No menciona la plata y otros minerales que se extraen y exportan, pero admite sí que esta mina será un importante aporte a las ganancias mundiales de Barrick Gold Corporation.
Fruto de las concesiones, el gobierno autorizó a la Barrrick a llevarse el oro que Aduana le tenía retenido desde la semana pasada. Nada se ha dicho de la alegada multa de más de 900 millones de dólares que la empresa extranjera debería pagar por evasión de impuestos y fraude en las 23 declaraciones aduanales anteriores.
El régimen tributario de la República Dominicana da al Estado la facultad de invertir el fardo de la prueba y desconocer el principio de la presunción de inocencia consagrados en la Constitución y los tratados internacionales y considerar al contribuyente como delincuente, teniendo el acusado que demostrar su no culpabilidad o inocencia, en vez de ser el acusador el que presente las pruebas.
En el caso de la Barrick Pueblo Viejo, nada es de ese modo
