SANTO DOMINGO. La presidenta del Tribunal Superior Administrativo, Delfina Amparo de León, ordenó la suspensión los permisos otorgados por el Consejo de Coordinación de Zona Franca Especial de Desarrollo Fronterizo, a través de los cuales concede exenciones fiscales y otros beneficios a cuatro empresas radicadas en la frontera.
La magistrada acogió una solicitud de medida cautelar interpuesta por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), en contra de la Industria Licorera La Altagracia, Maiberil Internacional, Varperdy y Saerad Invesment, las cuales son productoras de ron, colchones, sacos de prolipropileno y pacas.
La solicitud de medida cautelar de los industriales fue incoada por los abogados apoderados Radhamés Jiménez Peña, Olivo Rodríguez Huertas, Ramón Emilio Núñez y Boris de León Reyes.
La AIRD considera que esas exenciones son ilegales. Plantea que su misión estatutaria es defender y promover el desarrollo de la industria nacional, y constituye una persona jurídica afectada por "la ilegal aprobación de las solicitudes de las empresas".
Explica que las exenciones fiscales de la Ley 28-01 y el decreto 539-05, "sin haber dado cabal cumplimiento a los requisitos y procedimientos que exigen tales normativas, provocará una distorsión en el mercado local, que perjudicará significativamente la sensibilidad y crecimiento del sector industrial dominicano".
La magistrada acogió una solicitud de medida cautelar interpuesta por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), en contra de la Industria Licorera La Altagracia, Maiberil Internacional, Varperdy y Saerad Invesment, las cuales son productoras de ron, colchones, sacos de prolipropileno y pacas.
La solicitud de medida cautelar de los industriales fue incoada por los abogados apoderados Radhamés Jiménez Peña, Olivo Rodríguez Huertas, Ramón Emilio Núñez y Boris de León Reyes.
La AIRD considera que esas exenciones son ilegales. Plantea que su misión estatutaria es defender y promover el desarrollo de la industria nacional, y constituye una persona jurídica afectada por "la ilegal aprobación de las solicitudes de las empresas".
Explica que las exenciones fiscales de la Ley 28-01 y el decreto 539-05, "sin haber dado cabal cumplimiento a los requisitos y procedimientos que exigen tales normativas, provocará una distorsión en el mercado local, que perjudicará significativamente la sensibilidad y crecimiento del sector industrial dominicano".
