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SANTO DOMINGO.-El presidente del Senado afirmó este miércoles que la extinción de la persecución penal contra los acusados de apropiarse irregularmente de terrenos de Bahía de las Águilas no significa la legitimación de los títulos obtenidos fraudulentamente.
Reinaldo Pared Pérez dijo que ahora será la jurisdicción inmobiliaria que tendrá la responsabilidad de evaluar los contratos en manos de particulares.
Al legislador del Distrito Nacional y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) le parece que muchos de los títulos en cuestión son irregulares, “por lo que se ha presentado” al respecto.
La decisión de declarar extinguida la acción penal en el caso Bahía de las Águilas fue adoptada por la jueza Gisselle Méndez, presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, por considerar que había vencido el plazo legal para mantener vigente el proceso.
La sentencia de la magistrada Méndez favorece al exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Jaime Rodríguez Guzmán, así como a Rafael Antonio Rodríguez Guzmán y Reina Margarita Martínez.
A través de la jurisdicción inmobiliaria, el Estado procura la anulación de los títulos en poder de decenas de personas.
Con anterioridad el Gobierno dejó sin efecto un acuerdo transaccional con supuestos adquirientes de buena fe, y a través del cual se pretendía poner en venta los terrenos y ceder a éstos el 40% de los beneficios.
Reinaldo Pared Pérez dijo que ahora será la jurisdicción inmobiliaria que tendrá la responsabilidad de evaluar los contratos en manos de particulares.
Al legislador del Distrito Nacional y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) le parece que muchos de los títulos en cuestión son irregulares, “por lo que se ha presentado” al respecto.
La decisión de declarar extinguida la acción penal en el caso Bahía de las Águilas fue adoptada por la jueza Gisselle Méndez, presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, por considerar que había vencido el plazo legal para mantener vigente el proceso.
La sentencia de la magistrada Méndez favorece al exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Jaime Rodríguez Guzmán, así como a Rafael Antonio Rodríguez Guzmán y Reina Margarita Martínez.
A través de la jurisdicción inmobiliaria, el Estado procura la anulación de los títulos en poder de decenas de personas.
Con anterioridad el Gobierno dejó sin efecto un acuerdo transaccional con supuestos adquirientes de buena fe, y a través del cual se pretendía poner en venta los terrenos y ceder a éstos el 40% de los beneficios.
