SAN JUAN DE LA MAGUANA.- Las cuatro fincas de 3,845 tareas que eran propiedad del excapitán del Ejército Nacional, Quirino Ernesto Paulino Castillo (El Don) en esta localidad y que unos supuestos “campesinos sin tierra” solicitan que sean repartida en parcelas, fueron rentadas por más de cinco años por la Procuraduría General de la República.
Hace poco menos de un año que dichas tierras, ubicadas en la carretera San Juan-Las Matas, están en plena explotación agrícola intensiva por parte de la empresa que la rentó, cuyo presidente es el ingeniero Carlos de los Santos, quien es propietario de Corona Auto Import.
En conversación telefónica, De los Santos confirmó que llegó a un acuerdo de arrendamiento con la Procuraduría General de la República (PGR), el Consejo Nacional de Drogas (CND) y Hogar Crea Dominicano, cuyas entidades recibieron una suma de dinero que se abstuvo de revelar.
Recientemente varias personas que se identificaron como “campesinos sin tierra” realizaron un simulacro de movilización exigiendo que el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez traspase dichos terrenos al Instituto Agrario Dominicano (IAD) y se los distribuya en parcelas porque supuestamente se están “muriendo de hambre”.
De su lado, el director general del IAD, ingeniero Alfonso Radhamés Valenzuela, aclaró que esos terrenos no pertenecen a esa entidad que dirige y que se reunió con los reclamantes de los mismos para aclararle que se cultivan mediante un contrato de arriendo.
Diferentes sectores de esta ciudad, incluido del sector agropecuario, se oponen a que los terrenos sean repartidos en parcelas y entregados a llamados campesinos, alegando que en poco tiempos serán vendidos porque no podrán producirlos con alta tecnología por carecer de recursos.
Ponen como ejemplo en el hecho que de las tierras repartidas por el Instituto Agrario Dominicano mediante el sistema de partería más del 50% han sido vendidas, entregadas en pago a usureros y rentadas a diez, 15 y 20 años.
Sus propietarios están dedicados al chiripeo, al no poderlas trabajar por los altos costos de inversión de esa actividad económica.
El vocero del Comité Agropecuario Unitario (CAU), que agrupa a unas 25 asociaciones de pequeños y medianos agricultores de la zona, Manuel Matos Pérez, es partidario que las cuatro fincas permanezcan en manos privadas mediante arriendo.
Hace poco menos de un año que dichas tierras, ubicadas en la carretera San Juan-Las Matas, están en plena explotación agrícola intensiva por parte de la empresa que la rentó, cuyo presidente es el ingeniero Carlos de los Santos, quien es propietario de Corona Auto Import.
En conversación telefónica, De los Santos confirmó que llegó a un acuerdo de arrendamiento con la Procuraduría General de la República (PGR), el Consejo Nacional de Drogas (CND) y Hogar Crea Dominicano, cuyas entidades recibieron una suma de dinero que se abstuvo de revelar.
Recientemente varias personas que se identificaron como “campesinos sin tierra” realizaron un simulacro de movilización exigiendo que el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez traspase dichos terrenos al Instituto Agrario Dominicano (IAD) y se los distribuya en parcelas porque supuestamente se están “muriendo de hambre”.
De su lado, el director general del IAD, ingeniero Alfonso Radhamés Valenzuela, aclaró que esos terrenos no pertenecen a esa entidad que dirige y que se reunió con los reclamantes de los mismos para aclararle que se cultivan mediante un contrato de arriendo.
Diferentes sectores de esta ciudad, incluido del sector agropecuario, se oponen a que los terrenos sean repartidos en parcelas y entregados a llamados campesinos, alegando que en poco tiempos serán vendidos porque no podrán producirlos con alta tecnología por carecer de recursos.
Ponen como ejemplo en el hecho que de las tierras repartidas por el Instituto Agrario Dominicano mediante el sistema de partería más del 50% han sido vendidas, entregadas en pago a usureros y rentadas a diez, 15 y 20 años.
Sus propietarios están dedicados al chiripeo, al no poderlas trabajar por los altos costos de inversión de esa actividad económica.
El vocero del Comité Agropecuario Unitario (CAU), que agrupa a unas 25 asociaciones de pequeños y medianos agricultores de la zona, Manuel Matos Pérez, es partidario que las cuatro fincas permanezcan en manos privadas mediante arriendo.
