El alto número de niñas y adolescentes embarazadas se ha convertido en un drama que hay que enfrentar con mayor rigor y entereza.
En los hospitales debe haber personal del Ministerio Público que le dé seguimiento a todos los aspectos relacionados con los casos de embarazos de menores de edad para determinar las responsabilidades correspondientes.
En el hospital Juan Pablo Pina, de San Cristóbal, en un corto lapso han sido atendidos 1,811 de estos casos, incluyendo el de una niña de apenas diez años de edad.
El problema es agravado por el hecho de que algunas adolescentes intentan interrumpir el embarazo por medios no clínicos, poniendo en riesgo sus vidas.
El problema es agravado por el hecho de que algunas adolescentes intentan interrumpir el embarazo por medios no clínicos, poniendo en riesgo sus vidas.
A este problema hay que encararlo con la intervención de un equipo multidisciplinario, que incluya a personal del Ministerio Público, como forma de dar mejor protección a nuestras adolescentes
