POR FREDY E. PEREZ ESPINOSA
Para Ecos del Sur.
El Procurador General de la República Dominicana declaró, recientemente, que la DNCD, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y la Judicatura Nacional están permeados por el narcotráfico. Hace poco tiempo, también, el Primer Mandatario de la Nación se quejó de la fragilidad del sistema judicial dominicano, por la facilidad con que los delincuentes obtienen su libertad. Esta referencia la hizo a raíz del horrendo crimen cometido contra la Segundo Teniente E.N. Suleica Ponciano Polanco, hecho cometido por un delincuente que había sido puesto en libertad en esos días.
Las reiteradas decisiones que se producen en la justicia dominicana nos hacen pensar a todos que algo huele mal en Dinamarca, ya que la misma opera, muchas veces, como un simple mercado, donde la oferta y la demanda es lo que determina el precio de la libertad o la prisión de los imputados. Esto se pone de manifiesto en la sentencia de un tribunal colegiado del Distrito Nacional que ordenó la libertad de dos ciudadanos colombianos acusados de narcotráfico y lavado de activos. El juez presidente de ese tribunal colegiado no estuvo de acuerdo con la sentencia y lo hizo público.
Ante la negativa o retraso de la ejecución de la sentencia que favoreció a los ciudadanos colombianos sus abogados interpusieron un recurso de amparo ante la Octava Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional y ésta, rauda como la velocidad de un rayo, ordenó poner en libertad a los imputados. Es decir, “ellos no han hecho nada, ni mucho menos han violado la ley de drogas y lavado de activos”.
Pero para que se tenga una idea más acabada de lo que estoy expresando, el juez presiente de la Octava Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional tuvo el tupé de disponer el cese inmediato de la “vulneración de los derechos fundamentales” de estos dos padres de la patria colombianos. Pero, este honorable magistrado no se queda ahí, sino que condenó al Procurador Fiscal de la Corte de Apelación del
Distrito Nacional al pago de un “astriente” de RD$10,000.00 (Diez mil pesos) por cada día sin cumplir la sentencia. Es decir, este juez no se conformó con ordenar la libertad de dos reconocidos narcotraficantes colombianos, pertenecientes, según se ha dado a conocer por los medios de comunicación, al cartel de Calí, sino que condenó al Procurador Fiscal si no cumplía rápido su sentencia.
Parece que hay mucha prisa en todo este embrollo, pero, también, parece que hay mucho dinero de por medio.
Las reiteradas decisiones que se producen en la justicia dominicana nos hacen pensar a todos que algo huele mal en Dinamarca, ya que la misma opera, muchas veces, como un simple mercado, donde la oferta y la demanda es lo que determina el precio de la libertad o la prisión de los imputados. Esto se pone de manifiesto en la sentencia de un tribunal colegiado del Distrito Nacional que ordenó la libertad de dos ciudadanos colombianos acusados de narcotráfico y lavado de activos. El juez presidente de ese tribunal colegiado no estuvo de acuerdo con la sentencia y lo hizo público.
Ante la negativa o retraso de la ejecución de la sentencia que favoreció a los ciudadanos colombianos sus abogados interpusieron un recurso de amparo ante la Octava Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional y ésta, rauda como la velocidad de un rayo, ordenó poner en libertad a los imputados. Es decir, “ellos no han hecho nada, ni mucho menos han violado la ley de drogas y lavado de activos”.
Pero para que se tenga una idea más acabada de lo que estoy expresando, el juez presiente de la Octava Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional tuvo el tupé de disponer el cese inmediato de la “vulneración de los derechos fundamentales” de estos dos padres de la patria colombianos. Pero, este honorable magistrado no se queda ahí, sino que condenó al Procurador Fiscal de la Corte de Apelación del
Distrito Nacional al pago de un “astriente” de RD$10,000.00 (Diez mil pesos) por cada día sin cumplir la sentencia. Es decir, este juez no se conformó con ordenar la libertad de dos reconocidos narcotraficantes colombianos, pertenecientes, según se ha dado a conocer por los medios de comunicación, al cartel de Calí, sino que condenó al Procurador Fiscal si no cumplía rápido su sentencia.
Parece que hay mucha prisa en todo este embrollo, pero, también, parece que hay mucho dinero de por medio.
Pienso, que las altas instancias del Poder Judicial de la República Dominicana tienen que intervenir rápidamente ante la avalancha de sentencias a todas luces matizadas por transacciones económicas, como todo parece indicar.
En los últimos tiempos se han producido renuncias de muchos jueces en la República Dominicana y se han atribuido al bajo sueldo que perciben. Sin embargo, creo que la cosa no va por ahí, sino que estos magistrados no se quieren ver comprometidos y enredados en las garras del narcotráfico y el sicariato que está operando a sus anchas en nuestro País.
De las tres patas que sostienen la mesa redonda que es la República Dominicana, de acuerdo al artículo 4 de la Constitución, es decir, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, hay una que esta cojeando y hay que repararla.
Las autoridades máximas del Poder Judicial tienen que ser valientes y bajar de los estrados a los jueces venales que tanto daño está haciendo a la República Dominicana
El autor es Licenciado en Educación de la UASD, M.A.
Para contactos. elegidoprimero@hotmail.com
