SAN CRISTOBAL.- El abogado de 250 personas que ocupan los terrenos del Centro Vacacional de Haina pidió ayer a las autoridades policiales y judiciales de San Cristóbal detener el desalojo que pretenden realizar varios empresarios que alegan ser los dueños de los predios.
El licenciado Pablo de la Cruz dijo que en dicho centro opera, además, una oficina de refugio de emigrantes, un instituto politécnico del Ministerio de Educación, un play del Ministerio de Deportes y una iglesia.
Manifestó que tanto al abogado del Estado como la fiscal de San Cristóbal, Diomeri Soto, el comandante de la Policía de San Cristóbal, coronel Juan Francisco Solano; el gobernador Julio César Díaz, el senador Tomy Galán y el diputado Nelson Guillén, entre otros, se les ha enviado comunicación para que tengan conocimiento de las pretensiones de dos o tres empresarios que quieren apropiarse de los terrenos.
Pidió la intervención del presidente Danilo Medina, a fin de que se le busque una solución al problema en beneficio de las 250 familias que ocupan los terrenos, ya que no tienen a donde ir.
El área es vigilada por agentes de la Policía para evitar que desaprensivos continúen construyendo casuchas y aumente el número de ocupantes, ya que están censados la cantidad de habitantes.
El licenciado Pablo de la Cruz dijo que en dicho centro opera, además, una oficina de refugio de emigrantes, un instituto politécnico del Ministerio de Educación, un play del Ministerio de Deportes y una iglesia.
Manifestó que tanto al abogado del Estado como la fiscal de San Cristóbal, Diomeri Soto, el comandante de la Policía de San Cristóbal, coronel Juan Francisco Solano; el gobernador Julio César Díaz, el senador Tomy Galán y el diputado Nelson Guillén, entre otros, se les ha enviado comunicación para que tengan conocimiento de las pretensiones de dos o tres empresarios que quieren apropiarse de los terrenos.
Pidió la intervención del presidente Danilo Medina, a fin de que se le busque una solución al problema en beneficio de las 250 familias que ocupan los terrenos, ya que no tienen a donde ir.
El área es vigilada por agentes de la Policía para evitar que desaprensivos continúen construyendo casuchas y aumente el número de ocupantes, ya que están censados la cantidad de habitantes.
