PEDERNALES: “Solo el 5 por ciento de las parcelas con títulos legítimos de propiedad están ubicadas en la zona protegida de Bahía de Las Aguilas y el Estado cuenta con mecanismos para garantizar su integridad, como lo ha hecho en otras reservas especiales del país”, opinaron varios juristas relacionados con el conflicto inmobiliario que afecta el litoral.
Los abogados definieron como falso el argumento de que todas las parcelas integradas en el acuerdo propuesto por el Poder Ejecutivo a principio del 2013 constituyen Reservas Científicas, asegurando que “la verdad fácilmente demostrable es que más de un tercio de los terrenos “nunca han sido parte del Parque Nacional Jaragua, y el restante 65 ciento están situadas dentro del Cuarto Polo Turístico de la República Dominicana, creado por la Ley 266-04”
Los señalamientos están consignados en un documento suscrito por los abogados Eric Raful, José Marrero, Frank Reinaldo Fermín, Anny Morúm, Víctor Aquino, Olmedo Alonso, Rafael Herasme y Ricardo Ayanes, quienes representan a propietarios de la zona con títulos validados por decisiones del Tribunal Superior de Tierra.
Indicaron que “es un insulto a la majestad de la justicia y al propio Poder Judicial, declarar sin pruebas que los derechos de propiedad cuyos registros fueron ordenados por un tribunal competente, son fraudulentos; como es también un insulto para toda la sociedad pretender negar que las propiedades legitimadas por el Tribunal superior de Tierras forman parte del cuarto Polo Turístico creado por la Ley 266-04”.
Los abogados definieron como falso el argumento de que todas las parcelas integradas en el acuerdo propuesto por el Poder Ejecutivo a principio del 2013 constituyen Reservas Científicas, asegurando que “la verdad fácilmente demostrable es que más de un tercio de los terrenos “nunca han sido parte del Parque Nacional Jaragua, y el restante 65 ciento están situadas dentro del Cuarto Polo Turístico de la República Dominicana, creado por la Ley 266-04”
Los señalamientos están consignados en un documento suscrito por los abogados Eric Raful, José Marrero, Frank Reinaldo Fermín, Anny Morúm, Víctor Aquino, Olmedo Alonso, Rafael Herasme y Ricardo Ayanes, quienes representan a propietarios de la zona con títulos validados por decisiones del Tribunal Superior de Tierra.
Indicaron que “es un insulto a la majestad de la justicia y al propio Poder Judicial, declarar sin pruebas que los derechos de propiedad cuyos registros fueron ordenados por un tribunal competente, son fraudulentos; como es también un insulto para toda la sociedad pretender negar que las propiedades legitimadas por el Tribunal superior de Tierras forman parte del cuarto Polo Turístico creado por la Ley 266-04”.
