POR PABLO GARCIA
El año 2013 trajo consigo aspectos positivos y negativos para el país. En materia turística y jurídica Bahía de Las Águilas ocupó un lugar de gran relevancia, debido al litigio de más de 15 años que mantienen en los tribunales el Estado y los supuestos dueños de los terrenos.
El pasado mes de febrero el Gobierno dominicano dejó sin efecto la decisión que reconocía como propietarios de los terrenos de Bahía de Las Águilas a las personas que habían obtenidos los títulos de manera fraudulenta.
El expediente ha ido dos veces a la Suprema Corte de Justicia y se ha conocido en varios tribunales ordinarios sin que hasta el momento se llegue a una solución definitiva, aunque las últimas acciones se encaminan por estos fines.
El proceso judicial por los terrenos, donde una empresa canadiense solo está a la espera de que se solucione la litis para invertir 1.2 billones de dólares, ha provocado que el inicio del desarrollo turístico en la zona sea postergado, hasta tanto se defina la situación legal de los títulos.
Como forma de salida al conflicto judicial, organizaciones políticas han sugerido que los terrenos que están en litis sean declarados por el presidente Danilo Medina de utilidad pública y de esta forma evitar que se siga desaprovechando la belleza de la zona.
Ubicada en la provincia de Pedernales, en la región Sur del país, Bahía de Las Águilas cuenta con el potencial para convertirse en uno de los tres primeros polos turísticos del país, para de esta forma ofrecer a sus habitantes una salida a su condición de pobreza a través del turismo y ecoturismo.
Es justo y necesario que las riquezas naturales que tiene la República Dominica en esa región sean explotadas, de manera sostenida, como se ha hecho en otras zonas del país, para de esta manera contribuir a reducir los niveles de pobreza y cumplir con la meta propuesta por el presidente Medina de los 10 millones de turistas al año en la próxima década.
Se espera que para el próximo año se pueda estar concluyendo el proceso judicial que envuelve a Bahía de Las Águilas, para de esta forma “prender los motores e iniciar el despegue del Sur como polo turístico dominicano”.
El pasado mes de febrero el Gobierno dominicano dejó sin efecto la decisión que reconocía como propietarios de los terrenos de Bahía de Las Águilas a las personas que habían obtenidos los títulos de manera fraudulenta.
El expediente ha ido dos veces a la Suprema Corte de Justicia y se ha conocido en varios tribunales ordinarios sin que hasta el momento se llegue a una solución definitiva, aunque las últimas acciones se encaminan por estos fines.
El proceso judicial por los terrenos, donde una empresa canadiense solo está a la espera de que se solucione la litis para invertir 1.2 billones de dólares, ha provocado que el inicio del desarrollo turístico en la zona sea postergado, hasta tanto se defina la situación legal de los títulos.
Como forma de salida al conflicto judicial, organizaciones políticas han sugerido que los terrenos que están en litis sean declarados por el presidente Danilo Medina de utilidad pública y de esta forma evitar que se siga desaprovechando la belleza de la zona.
Ubicada en la provincia de Pedernales, en la región Sur del país, Bahía de Las Águilas cuenta con el potencial para convertirse en uno de los tres primeros polos turísticos del país, para de esta forma ofrecer a sus habitantes una salida a su condición de pobreza a través del turismo y ecoturismo.
Es justo y necesario que las riquezas naturales que tiene la República Dominica en esa región sean explotadas, de manera sostenida, como se ha hecho en otras zonas del país, para de esta manera contribuir a reducir los niveles de pobreza y cumplir con la meta propuesta por el presidente Medina de los 10 millones de turistas al año en la próxima década.
Se espera que para el próximo año se pueda estar concluyendo el proceso judicial que envuelve a Bahía de Las Águilas, para de esta forma “prender los motores e iniciar el despegue del Sur como polo turístico dominicano”.
