SAN JUAN DE LA MAGUANA: Un grupo de juristas liderados por el secretario general de los abogados, licenciado Cesar Júnior Fernández, se apostaran en frente del Palacio de Justicia de esta ciudad a mostrar su inconformidad por las modificaciones que han hecho los congresistas al Código Procesal Penal de la República Dominicana.
Los profesionales del derecho estarán mostrando pancartas, consignas y con sus presencias desde las 9:00 de la mañana de hoy, harán saber sus consideraciones en torno a lo que ellos califican como un atropello al ejercicio del derecho al no tomarlos en cuenta a ellos para dar sus puntos de vistas.
Los abogados de esta parte del sur discrepan cuando dicen que con estas modificaciones se le quita la posibilidad a los ciudadanos de querellarse en contra de funcionarios que cometan actos de corrupción, además se violenta la Constitución cuando se pretende establecer la prisión preventiva como regla, cuando la Carta Magna señala que debe ser la excepción.
El Código Procesal Penal según reposa en la cámara alta, fue aprobado por los diputados para ser reformado aumentando la pena máxima de 30 a 40 años de cárcel, acumulación de penas por 60 años de prisión, para femenicidio y ácido del diablo 40 años de prisión.
En el artículo 75 se establece que la participación en grupo para cometer cualquiera de las infracciones graves enumeradas en los artículos del 73 al 76, se sanciona con penas de 30 a 40 años de cárcel.
Además, igual pena se aplicará la participación dolosa en un acuerdo tendente a preparar con hechos materiales la comisión de esas infracciones, como son los homicidio, torturas u otros tratos crueles; someter a experimentos biológicos, médicos o científicos, destruir, apropiarse y saquear bienes, y obligar a prestar servicio en fuerzas extranjeras enemigas.
Los profesionales del derecho estarán mostrando pancartas, consignas y con sus presencias desde las 9:00 de la mañana de hoy, harán saber sus consideraciones en torno a lo que ellos califican como un atropello al ejercicio del derecho al no tomarlos en cuenta a ellos para dar sus puntos de vistas.
Los abogados de esta parte del sur discrepan cuando dicen que con estas modificaciones se le quita la posibilidad a los ciudadanos de querellarse en contra de funcionarios que cometan actos de corrupción, además se violenta la Constitución cuando se pretende establecer la prisión preventiva como regla, cuando la Carta Magna señala que debe ser la excepción.
El Código Procesal Penal según reposa en la cámara alta, fue aprobado por los diputados para ser reformado aumentando la pena máxima de 30 a 40 años de cárcel, acumulación de penas por 60 años de prisión, para femenicidio y ácido del diablo 40 años de prisión.
En el artículo 75 se establece que la participación en grupo para cometer cualquiera de las infracciones graves enumeradas en los artículos del 73 al 76, se sanciona con penas de 30 a 40 años de cárcel.
Además, igual pena se aplicará la participación dolosa en un acuerdo tendente a preparar con hechos materiales la comisión de esas infracciones, como son los homicidio, torturas u otros tratos crueles; someter a experimentos biológicos, médicos o científicos, destruir, apropiarse y saquear bienes, y obligar a prestar servicio en fuerzas extranjeras enemigas.
