SANTO DOMINGO: La Procuraduría General apresó al jefe de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional (Dican), coronel Carlos V. Fernández Valerio y a tres fiscales por la supuesta sustracción de drogas y bienes de ese organismo.
Fernández Valerio deberá guardar prisión en base a orden de arresto dictada por Wendys S. Martínez Mejía, jueza de instrucción especial de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo. La magistrada también priva de libertad a los fiscales Máximo Antonio Díaz Ogando, Ramón Augusto Veras Castro y Leónidas Suárez Martínez.
La juez determinó que la Procuraduría deberá presentar a los detenidos ante un juez de instrucción, dentro de un plazo de 48 horas para gestionar la medida de coerción que estime conveniente para cada uno de los imputados.
Los demás imputados son: coronel Mercedes Altagracia Morla Cuevas, teniente coronel Feliz Humberto López Paulino, teniente coronel Voltaire Batista Matos, teniente coronel Juan Bulus Andújar, mayor Luciano Gómez Cabrera, mayor Junio Vásquez Báez, primer teniente Bárbaro Torres Beltrán, sargento mayor Antolín de los Santos Zabala, sargento Pedro José Almánzar González y cabo Agapito Núñez Evangelista.
También, el raso Raidis Lironey García Miranda, el coronel Guillermo Ubiera, el teniente coronel francisco Valenzuela Valenzuela, el mayor Ruddy José Japa Álvarez, el capitán Carlos R. Amézquita Reinoso, el primer teniente William Ruddy Rosario Guerrero, el mayor Alberto Jiménez Ruiz, el capitán Edwin La Pe Zapata, el teniente Juanico Belén Mejía, el sargento mayor Francisco Pérez Castro y Santo Emilio Hernández.
La Procuraduría General informó que ya tiene bajo arresto a 11 de los 25 involucrados en el caso. Indicó que acusa a los imputados de violación a las leyes sobre Drogas y Sustancias Controladas y Lavado de Activos (58-88 y 72-02), así como de “asociación de malhechores” y falsificación de escritura pública.
El procurador general, Francisco Domínguez Brito, anunció que hasta el momento las autoridades recuperaron unos RD$7.0 millones en efectivo y títulos de propiedad, US$15,000 y varios vehículos.
Dijo que en una caja de seguridad de la empresa Dominican Watchman, la cual motivó un allanamiento esta semana, se ocuparon certificados de títulos a nombre de un primo del fiscal Díaz Ogando.
Domínguez Brito dijo que con el apresamiento de los oficiales de la Dican y los fiscales las autoridades envían un mensaje claro de “cero impunidad”, aunque en los hechos delictivos estén implicados militares, policías y personal del Ministerio Público.
Al final de la rueda de prensa se presentó a la Procuraduría, en compañía de sus abogados, el mayor Luciano Gómez para entregarse de manera voluntaria. El oficial fue introducido de inmediato al despacho del procurador adjunto Bolívar Sánchez, quien encabeza las investigaciones.
Fernández Valerio deberá guardar prisión en base a orden de arresto dictada por Wendys S. Martínez Mejía, jueza de instrucción especial de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo. La magistrada también priva de libertad a los fiscales Máximo Antonio Díaz Ogando, Ramón Augusto Veras Castro y Leónidas Suárez Martínez.
La juez determinó que la Procuraduría deberá presentar a los detenidos ante un juez de instrucción, dentro de un plazo de 48 horas para gestionar la medida de coerción que estime conveniente para cada uno de los imputados.
Los demás imputados son: coronel Mercedes Altagracia Morla Cuevas, teniente coronel Feliz Humberto López Paulino, teniente coronel Voltaire Batista Matos, teniente coronel Juan Bulus Andújar, mayor Luciano Gómez Cabrera, mayor Junio Vásquez Báez, primer teniente Bárbaro Torres Beltrán, sargento mayor Antolín de los Santos Zabala, sargento Pedro José Almánzar González y cabo Agapito Núñez Evangelista.
También, el raso Raidis Lironey García Miranda, el coronel Guillermo Ubiera, el teniente coronel francisco Valenzuela Valenzuela, el mayor Ruddy José Japa Álvarez, el capitán Carlos R. Amézquita Reinoso, el primer teniente William Ruddy Rosario Guerrero, el mayor Alberto Jiménez Ruiz, el capitán Edwin La Pe Zapata, el teniente Juanico Belén Mejía, el sargento mayor Francisco Pérez Castro y Santo Emilio Hernández.
La Procuraduría General informó que ya tiene bajo arresto a 11 de los 25 involucrados en el caso. Indicó que acusa a los imputados de violación a las leyes sobre Drogas y Sustancias Controladas y Lavado de Activos (58-88 y 72-02), así como de “asociación de malhechores” y falsificación de escritura pública.
El procurador general, Francisco Domínguez Brito, anunció que hasta el momento las autoridades recuperaron unos RD$7.0 millones en efectivo y títulos de propiedad, US$15,000 y varios vehículos.
Dijo que en una caja de seguridad de la empresa Dominican Watchman, la cual motivó un allanamiento esta semana, se ocuparon certificados de títulos a nombre de un primo del fiscal Díaz Ogando.
Domínguez Brito dijo que con el apresamiento de los oficiales de la Dican y los fiscales las autoridades envían un mensaje claro de “cero impunidad”, aunque en los hechos delictivos estén implicados militares, policías y personal del Ministerio Público.
Al final de la rueda de prensa se presentó a la Procuraduría, en compañía de sus abogados, el mayor Luciano Gómez para entregarse de manera voluntaria. El oficial fue introducido de inmediato al despacho del procurador adjunto Bolívar Sánchez, quien encabeza las investigaciones.
