POR RUBEN DOMINICI
La Concepción patrimonial del Estado frena el desarrollo y es factor de pobreza y corrupción .
Empiezo este tema con unos versos muy ilustrativos contenidos en una canción de Rafael de España, que dicen: “Al pie de una malva en rosas/a una rubia enamoré/y me dijo la graciosa/no puedo me duele un pie/pero si es para otra cosa/aunque sea cojeando iré”.
A la rubia de estos versos los pies le dolían solamente si caminaba hacia donde no quería. Padecía de algo así como una minusvalidez selectiva, parecida a la que tienen los políticos que nos han gobernado desde siempre, que ante el reclamo comunitario de obras o de toma de decisiones sobre determinadas prioridades, siempre responden que no hay recursos para atender a todas las necesidades, mientras derrochan miles de millones de pesos en obras y acciones no prioritarias.
La realidad concreta, cruda y amarga, es que las prioridades nacionales no cuadran con las prioridades de los grupos políticos dominantes y sus aliados. Recuérdese que hace poco se publicó la información de que en las embajadas y consulados que tiene el país diseminados por todos los rincones del mundo conocido, y hasta desconocido, hay tantas personas cobrando como si fuéramos el país principal exportador de petróleo y diamante.
Algo parecido ocurre en la Contraloría General de la República, que, amparada en irracionales y discriminatorias normativas con relación a las demás instituciones del Estado, el año pasado otorgó diecinueve (19) salarios a sus funcionarios, y muy altos por cierto. ¿Cuántos viejitos y viejitas de nuestros barrios pobres dejarían de pasar hambre y mil calamidades más con esos millones de pesos?.
Esa condenable forma de administrar los recursos públicos se aplica en todas las demás instituciones del Estado. La Ministra de Salud Pública ha dicho recientemente que el 73% del presupuesto de su cartera se gasta en pago de nóminas. Con razón no hay recursos siquiera para mantener los hospitales limpios y para comprar oxígeno, y con ello que no mueran en los hospitales tantos niños pobres por falta de los pesos que alegremente y sin consecuencia alguna malgastan muchos funcionarios.
En la misma línea, hace un par de años que la Lic. Lisselot Marte de Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas, dijo en el Senado que con lo que se va en la corrupción se puede hacer otra República Dominicana. En mi interpretación, que los funcionarios públicos se quedan con la mitad del Presupuesto Nacional. Año por año, claro está.
Visto que los recursos públicos se administran como “niños jugando con arena en la playa”, respóndase usted mismo la siguiente pregunta: ¿Hay o no hay recursos para el desarrollo nacional, para la Presa de Monte Grande, para poner a producir a plena capacidad los cientos de miles de tareas de tierras fértiles de nuestros llanos y montañas? No sé cuál ha sido su respuesta, pero estoy seguro de que si la misma pregunta se le hiciera a un campesino de aquellos tiempos, sin titubear dijera: “De que lo hay lo hay”.
Y para optimizar los recursos disponibles, sean estos limitados o abundantes, la clave es, sin orden estricto, hacer diagnósticos sectoriales/regionales/locales objetivos, establecimiento de prioridades, planificación participativa Gobierno Central-Gobierno Local-Comunidad/Sector. Así mismo, ejecución descentralizada, participativa y transparente, rendición de cuentas, veeduría social y un régimen de consecuencias estricto donde haya penas ejemplares por los incumplimientos y las faltas de cualquier tipo.
Pero nuestros gobernantes no tienen interés real en el Desarrollo Local, ni en el fortalecimiento institucional, ni en la participación comunitaria, ni en la transparencia, ni en nada. Conciben el Estado como un bien cualquiera, como un patrimonio que han obtenido a base de muchos esfuerzos, y que por tanto tienen que sacarle el máximo provecho en el menor tiempo posible, por si acaso. Así de simple.
Orientados por esa lógica, tan pronto asumen el poder, no ven más que las grandes construcciones que puedan dejar enormes beneficios personales o grupales, aunque las mismas no formen parte de un programa político, ni sean prioridades nacionales o locales, ni impacten positivamente en el desarrollo ni beneficien directamente a las grandes mayorías, ni nada. Por consiguiente, es irrefutable que la concepción patrimonial del Estado frena el desarrollo, y es factor de pobreza y corrupción.
Si estuviéramos dirigidos por una gran alianza de grupos políticos y sectores sociales comprometidos realmente con el desarrollo, hoy no hubiéramos estado como el país de América Latina con el más alto índice de indigencia o pobreza extrema, (excluido Haití), ni con más del 40% de la población atrapada en la pobreza (lo dice el Banco Mundial, no yo; ni fuéramos una vergüenza latinoamericana en educación, en mortalidad materna e infantil; ni tampoco en trasparencia, en percepción de la corrupción, en índice de delincuencia, y otros males afines. Y eso que el año pasado nuestra economía creció 7.3%, el más alto de todo el continente. ¡Ni la hoja del caimito nos gana!
En la segunda y última parte de este artículo trataré sobre el potencial de desarrollo agropecuario de la nuestra Región Enriquillo, pese a la pobreza que predomina desde siempre.
