SANTO DOMINGO: La Comisión Permanente de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados se reunió con los principales directivos de la empresa Cementos Andinos Dominicanos, con la finalidad de escuchar su posición respecto al proyecto de resolución que solicita la anulación del contrato de concesión de la mina de Barranca en Tamayo, Bahoruco, por ser los concesionarios de la misma.
En ese sentido, el presidente del comisionado, Albert Elías Atallah, les informó a los invitados que ese estamento se encuentra apoderado de la investigación del proyecto de resolución, cuyo proponente es el diputado Rafael Méndez, a los fines de escuchar su posición respecto al tema.
De igual modo, Atallah enfatizó que el interés de ese órgano congresual está en la preservación del orden jurídico, pues como garantes de las leyes esa es una de sus prioridades.
La iniciativa prevé que los trabajadores agrupados en la Cooperativa de Producción y Trabajo Barranca se consideran explotados por el concesionario, por lo que han reclamado en múltiples ocasiones la recisión del contrato y que se superen las condiciones de explotación en que desarrollan su trabajo y desenvuelven sus condiciones de vida.
De su parte, el presidente de la compañía, Nelson bello, manifestó que compraron la compañía en el 2013, posterior al inicio de las investigaciones por parte de la Cámara de Diputados en el 2011, por lo que tuvieron que acarrear con una serie de problemas que encontraron.
Explicó que los principales inconvenientes se presentan son con los agricultores de la comunidad, los cuales les impiden penetrar al área de trabajo, así como a un solar contiguo que compraron donde planeaban desarrollar un horno que permitiría beneficios para todos.
En ese sentido, el presidente del comisionado, Albert Elías Atallah, les informó a los invitados que ese estamento se encuentra apoderado de la investigación del proyecto de resolución, cuyo proponente es el diputado Rafael Méndez, a los fines de escuchar su posición respecto al tema.
De igual modo, Atallah enfatizó que el interés de ese órgano congresual está en la preservación del orden jurídico, pues como garantes de las leyes esa es una de sus prioridades.
La iniciativa prevé que los trabajadores agrupados en la Cooperativa de Producción y Trabajo Barranca se consideran explotados por el concesionario, por lo que han reclamado en múltiples ocasiones la recisión del contrato y que se superen las condiciones de explotación en que desarrollan su trabajo y desenvuelven sus condiciones de vida.
De su parte, el presidente de la compañía, Nelson bello, manifestó que compraron la compañía en el 2013, posterior al inicio de las investigaciones por parte de la Cámara de Diputados en el 2011, por lo que tuvieron que acarrear con una serie de problemas que encontraron.
Explicó que los principales inconvenientes se presentan son con los agricultores de la comunidad, los cuales les impiden penetrar al área de trabajo, así como a un solar contiguo que compraron donde planeaban desarrollar un horno que permitiría beneficios para todos.
