Por Fredy E. Pérez Espinosa
Desde hace más de una década la sociedad dominicana viene demandando que se apruebe una ley que regule el accionar de los partidos políticos, así como la modificación de la Ley Electoral 275-97. Todavía más, muchos hemos planteado que se apruebe una ley de garantías electorales y que todo lo relativo quehacer político se condense en un código electoral.
Pero, en verdad, ¿quiénes han bloqueado la aprobación de estas importantes leyes?
Sin que a nadie le quepa la menor duda, son los mismos partidos políticos que aviesamente se han opuesto a que se avance en materia política y electoral en la RD. Parecería una contradicción, pero no lo es.
De acuerdo a la Constitución de la RD el poder legislativo es quien tiene la facultad de aprobar las leyes que nos rigen, pero los legisladores son a vez políticos. ¿Y entonces?
He hecho esta breve explicación para caer en la designación de la nueva Junta Central Electoral y de entrada, me hago la siguiente pregunta, ¿quiénes escogieron a los miembros de la JCE?
La facultad de designar a los miembros de la Junta Central Electoral, de acuerdo a la Constitución de la República, le corresponde al Senado. ¿Pueden, entonces, los senadores, que son políticos, escoger a personas que representen intereses contrarios a sus parcelas partidarias?
No nos chupemos los dedos, ni aspiremos a la democracia perfecta, cuando la que tenemos es incipiente, es decir, que todavía está en pañales.
Tanto el partido de gobierno y aliados, como la oposición han planteado sus consideraciones respecto de la escogencia de la nueva Junta Central Electoral por parte del Senado de la República.
No voy a emitir juicios de valor ante estas dos posiciones opuestas, pero lo que si tengo entendido es que la nueva Junta Central Electoral debe centrar sus mayores esfuerzos en consolidar los avances que se han logrado en materia electoral y en la modernización del registro civil.
Debemos estar conscientes que hemos avanzado en materia electoral, pero que todavía nos falta mucho. De ahí la importancia de que los partidos políticos pongan en sus agendas la aprobación de la modificación de la ley electoral 275-97, la aprobación de la ley de partidos políticos y la ley de garantías electorales.
Hagamos las tareas que nos corresponden ahora para que luego, cuando vengan los procesos electorales, no nos estemos rasgando las vestiduras y culpando a otros de nuestras desgracias electorales.
El autor es egresado de Educación UASD
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