SANTO
DOMINGO: El exprocurador general Víctor Céspedes Martínez advirtió que
la vida del empresario Ángel Rondón Rijo corre peligro en la cárcel de
La Victoria, a donde fue enviado por un tribunal que ha dictado medidas
de coerción contra los sospechosos de recibir sobornos de la
constructora brasileña Odebrecht.
Asimismo,
el exfuncionario afirmó que en las cárceles podrían producirse
“explosiones” como exigencia de los prisioneros para que les otorguen
los mismos privilegios recibidos por los imputados del caso Odebrecht.
Al
ser entrevistado en el programa La Súper 7 en la Mañana, de La Súper 7
(107.7 FM), el abogado expresó que en La Victoria se estarían preparando
“medidas explosivas en el sistema carcelario”, con lo que los reclusos
exigirían que los mantengan en las mismas condiciones que los acusados
del caso Odebrecht.
“Y quiero decirle algo que
no lo sabe todo el mundo, pero para el Ministerio Público: se están
preparando medidas explosivas en el sistema carcelario en virtud de que
ellos, los presos, van a exigir que los mantengan en las mismas
condiciones que aquellos que llevaron en estos momentos a las cárceles”,
denunció el abogado.
Recordó que la cárcel La Victoria fue construida para 800 reos, pero actualmente hay una población de más de 8,000.
Dijo
que el juez Francisco Antonio Ortega Polanco envió a la cárcel de La
Victoria a Rondón Rijo porque entendió que podría producirse una
polémica con los demás reclusos que están involucrados en el caso
Odebrecht.
Céspedes explicó que si hubiese sido
el juez Ortega Polanco habría enviado a Rondón Rijo a la cárcel de Haras
Nacionales, un lugar más seguro y además de que el prevenido califica,
por su edad.
“Entonces amerita que los abogados
de él soliciten su traslado en virtud de la peligrosidad de esa persona
(Ángel Rondón), porque él no es una persona cualquiera. Todo hecho
produce categoría de impacto y este es un hecho que causa un impacto, no
cualquiera en la sociedad dominicana, y no se puede tratar como a un
preso común y corriente de esta sociedad”, insistió el abogado.
Asimismo,
Céspedes Martínez dijo que el expediente por los sobornos de Odebrecht
abre camino para que se investigue a todos los que firmaron contratos,
incluyendo los relacionados al proyecto de Punta Catalina.
El
abogado reconoció que el Ministerio Público cometió algunos errores,
pero que para el tribunal no fueron relevantes porque se trata de una
medida coercitiva y no un juicio preliminar.
“Yo
estimo que todos los que están no son, ni están todos los que son y
están personas que se observan que su inocencia, sin embargo la decisión
del tribunal en estos momentos históricos de la nación dominicana se
convierte en una necesidad inminente, porque los hospitales no tienen
una aspirina, hay personalidades del país que cada día acrecientan su
patrimonio bajo la pobreza de un pueblo que no soporta más”, agregó
Céspedes.
Rondón Rijo es señalado por el
Ministerio Público como la persona que recibió 92 millones de dólares
para repartirlos entre funcionarios y legisladores para conseguir la
adjudicación de obras del Estado entre el 2001 y 2014.
El
juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia también
envió a prisión a Conrado Pittaluga y el exministro de Obras Públicas
Víctor Díaz Rúa por nueve meses, en tanto que el ministro de Industria y
Comercio, Temístocles Montás; el presidente del opositor Partido
Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista, y el exdiputado Ruddy
González también serán llevados a Najayo pero por seis meses.
El
exdirector de la Empresa de Generación Hidroeléctrica (EGEHID) Máximo
D’Oleo y el ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de
Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) César Sánchez fueron enviados a la
cárcel de Najayo por tres meses.
A prisión
domiciliaria fueron enviados el ex vicepresidente de la CDEEE Radhamés
Segura y el ex director del Instituto Nacional de Aguas Potables y
Alcantarillados (INAPA), Roberto Rodríguez. (Sobre estos dos imputados
se ha planteado problemas de salud).
En el caso
de los senadores Julio César Valentín (Santiago) y Tommy Galán (San
Cristóbal), así como el diputado Alfredo Pacheco, el juez impuso una
fianza de cinco millones de pesos, impedimento de salida del país y
presentación periódica ante el Ministerio Público. (Los tres tienen
inmunidad parlamentaria).
