Barahona.- Es función del Ministerio Público garantizar el estado de derecho, dirigir la investigación de los hechos, representar a la sociedad y proteger a las víctimas.
Pero, una madre angustiada por la pérdida de su hijo en un fatal accidente la tarde del pasado 31 de diciembre, debido a la supuesta imprudencia de un conductor que chocó detrás el motor en el que se desplazaba junto a dos personas más, incluida una niña de 10 años, siente que ese importante órgano del Estado, no cumplió con esa responsabilidad.
Doña Lucía Matos, madre de Yoel Julián Candelario Matos, atropellado por el conductor de una jeepeta el mencionado día 31, del recién finalizado año, a las cuatro de la tarde, frente a la estación de combustible Texaco, del sector Los Maestros, dijo que el conductor de una jeepeta chocó el motor por la parte trasera en el que se desplazaba su hijo, con otras dos personas, pero este no ha sido arrestado ni establecido su identidad.
La señora Matos, impotente y en espera de justicia, narró que su hijo falleció en el acto, resultando heridos y llevados a la emergencia del Hospital Regional Universitario Jaime Mota, Junior Gerald Matos Féliz, de 31 años, su sobrina Darianny Matos, de 10, quienes son nativos de Jaquimeyes. Este último y la niña residen en Santo Domingo.
“El cadáver quedó tendido en el medio de la calle hasta las 8 de la noche esperando la llegada del médico legista que llegó a examinar el cuerpo ensangrentado producto de las heridas recibidas tras el choque, pero supuestamente no lo dejaron hacer el trabajo”, dijo una madre a quien las lágrimas mojaban sus mejillas por la muerte inesperada de su hijo y sin saber el causante de su deceso.
Explicó que es deber del Ministerio Público investigar los hechos cuando ocurren para establecer la responsabilidad de los mismo, razón por la cual le exige a ese organismo asumir su función de garante de la sociedad y de protector de las victimas indagando el hecho e identificar a la persona que atropelló a su vástago.
El fallecido Candelario Matos, fue entregado y sepultado, pero según ella, ningún médico certificó las causas reales de su muerte, impidiendo el otorgamiento del acta de defunción, lo que pone en riesgo cualquier reclamación judicial en el futuro por el hecho.
