PEDERNALES: El propietario de al menos tres parcelas en Bahía de las Águilas advirtió que la litis entre el Estado dominicano y poseedores de títulos de terrenos de esa zona, aún no ha terminado, por lo que seguirá en pie.
Manuel Carvajal manifestó que seguirá reclamando lo que entiende que por ley le pertenece, pese a la sentencia emitida el pasado 28 de diciembre de 2018 por los jueces de la Tercera Sala Penal de la Suprema Corte de Justica, encabezados por el juez presidente del Tribunal, Manuel Herrera Carbuccia, que deja al Estado dominicano como único propietario de los terrenos de Bahía de las Águilas.
Refuta esa sentencia emitida para rechazar recursos de casación interpuestos por detentadores de títulos irregulares de propiedad en Bahía de las Águilas, bajo el alegato de que ese no es su caso, pues posee los documentos legales que avalan que es el propietario de los terrenos que reclama.
Al ser entrevistado por el periodista Daniel Archibald, en el programa “Las Noticias de Archibald”, que se transmite por Carivisión, Canal 19, expuso que adquirió esas parcelas en 1995 y la litis con el Estado inició en 1997, dos años después.
Según la documentación que posee el señor Carvajal, es propietario de las parcelas 215-A47, 215-A48, que eran propiedad de la compañía Mantenimiento y Servicios Fernández, vendidas a los señores Ramón Emilio Reví y César Augusto Matos Gesni, quienes a su vez le vendieron a él.
Asimismo, la parcela 215-A65 que le compra también, al señor Matos, el 16 de octubre de 1996, quien la había comprado a José Luís Guzmán Bencosme, con su título definitivo del Instituto Agrario Dominicano (IAD), al igual que la parcela 215-A66, de un millón 300 mil metros que la obtiene como tercer adquiriente, asentadas en el Registro de Títulos de Barahona.
Precisamente, la Suprema Corte de Justicia, ordenó anular todas las constancias anotadas en el certificado de título que ampara el derecho de propiedad del Estado de los terrenos, relativos a la parcela 215-A, ubicados en Enriquillo, provincia Barahona.
Según explicó Carvajal, existe un plan desde las altas esferas del Gobierno Central de desconocer la legalidad de los títulos de propiedad que posee, mismos que fueron emitidos por las autoridades estatales de Barahona, por lo que se pregunta dónde está la falsedad de esos documentos.
