POR MARCOS CADET
Los ministros de Finanzas de los países del G-7 alcanzaron un acuerdo en Chantilly, Francia, para la puesta en marcha de una fiscalidad que grave las actividades digitales, aunque las empresas que las realicen no tengan presencia física en el país.
“Es un gran paso para la puesta en marcha de una fiscalidad más justa y más eficaz”, destacó en conferencia de prensa el ministro francés, Bruno Le Maire.
Según las reseñas periodísticas “el compromiso del G-7 prevé el desarrollo de reglas internacionales para tasar nuevos modelos de negocios, en particular aquellos que generan valor sin tener presencia física, como ocurre con muchas empresas del sector digital”.
También se pusieron de acuerdo en la necesidad de establecer un impuesto de sociedades mínimo, terreno, en el que queda todavía pendiente el establecimiento de los tipos mínimos. El G-7 lo componen Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá.
Ya Francia había dado el primer paso cuando puso en marcha su propia tributación a la economía digital, desatando la controversia y la ira del gobierno de Donald Trump.
Esta decisión de los ministros de Finanzas del G-7 sin duda alguna trae un gran cambio para las economías y mucho más para todos los países porque desata un debate sobre la razonabilidad fiscal y en este caso, aunque muchos se preguntan si los países podrán llevar a cabo la aplicación de impuestos a las gigantes de la economía digital como Facebook, Google, Amazon, eBay, YouTube, Spotify, WhatsApp, Instagram, entre otras.
Para tener una idea del volumen de negocios de los gigantes de la era digital, según un estudio del sitio de internet eMarketer, las ventas al por menor en el comercio electrónico totalizaron US$2,928 millones en 2018, y proyectan un crecimiento de 20.7% para este 2019 para situarse en US$3,535 billones.
Por los grandes negocios que se hacen en el mundo digital y por el volumen de transacción, lo cierto es que sí es viable aplicar una fiscalidad a estas empresas y la clave es que la decisión de los ministros de finanzas del G-7 alcanza a las empresas del sector digital, aunque no tengan presencia física en los territorios donde se aplicarán estos impuestos.
Otro elemento clave que apoya esta decisión es que pone fin a la competencia desleal en el terreno fiscal y busca alcanzar la llamada “optimización fiscal”, así como el hecho de que esta decisión impulsa a que la comunidad internacional asiente una base fiscal común.
También se convierte en nuevo punto de partida y un marco de acción para los países en vías desarrollo para impulsar regulaciones que permitan el cobro de tributos por las operaciones realizadas por las grandes firmas de la famosa economía digital y de esa manera combatir la evasión-elusión fiscal.
¿Cómo aplicarla sin que esto signifique un encarecimiento de costos para los consumidores? evidentemente tendrán que buscarse alternativas o figuras impositivas que no impacten los precios a los consumidores.
Esperemos el curso de los próximos meses en que se le ha encargado la negociación internacional a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que debe proponer una “arquitectura” para enero de 2020 de forma que se pueda tomar una decisión definitiva a finales de ese año en cuanto aplicar esta fiscalidad.
