
A juicio del legislador, el apresamiento de su compueblano se debe a tráfico de influencia, ya que la demandante es la compañía “Macapi” del empresario Manuel Castillo Pimentel, donde el imputado laboró por 20 años devengando un sueldo 125 mil pesos.
“Esos 8 meses que lleva preso es por el supuesto robo de un manguera que lo que vale es 6 mil pesos. Nosotros no aceptamos esa acusación contra un hombre de trabajo y, en todo caso, nos preguntamos si no son suficientes ocho meses de prisión”, reclamó el legislador.
A modo de protesta por la prisión que guarda el arquitecto y los constantes aplazamientos para conocer el caso en los tribunales, los munícipes del Valle en Hato Mayor se han manifestado a través de huelgas y encendidos de velas.