El análisis técnico realizado por PRO-COMPETENCIA tuvo origen en una solicitud de revisión legal que hiciere un agente económico a la institución, tras ser excluido de una licitación pública por comparación de precios llevada a cabo en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), por haber supuestamente incurrido en una práctica de predación de precios. El MOPC descalificó este agente económico, debido a que el precio ofertado para una de las partidas del pliego de condiciones había sido “muy por debajo del precio del mercado, definido como precio predatorio según establece el numeral 2.16 del pliego de condiciones”.
Para demostrar que un agente económico está incurriendo en la práctica de predación es fundamental el análisis del mercado en cuestión. Más allá de que un precio se encuentre por debajo, es preciso evaluar el poder de mercado o la capacidad financiera con la cual descansa la empresa que busca afectar.
El análisis de lo anterior motivó al Consejo Directivo de PRO-COMPETENCIA remitir al MOPC un informe no vinculante recomendando ponderar el alcance de la figura de “precios predatorios” al momento de considerar incluirla como criterio de valoración de las ofertas en los pliegos de condiciones de las licitaciones que publica. Adicionalmente, fue remitida la Guía para la Prevención y Detección de la Colusión en la Contratación Pública preparada por PRO-COMPETENCIA, a los fines de que se puedan implementar las recomendaciones allí esbozadas en todos los procedimientos de compras y contrataciones públicas.
El informe completo, así como la Guía para la Prevención y Detección de la Colusión en la Contratación Pública, están disponibles para consulta en el portal web de PRO-COMPETENCIA.
Sobre ProCompetencia
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA) es el organismo del Estado dominicano responsable de promover y garantizar la competencia efectiva en el mercado de productos y servicios con el objetivo de incrementar la eficiencia económica de los mismos. De igual manera, vela por el eficiente funcionamiento de los mercados en una libre competencia, una cultura de buenas prácticas en los diferentes ramos de la actividad económica nacional y la promoción de políticas públicas que promuevan la competencia eliminando restricciones al ejercicio responsable del derecho a la libre empresa.
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