En ese sentido los senadores José Saviñón, del PLD por Barahona, y Franklin Rodríguez, de la Fuerza del Pueblo por San Cristóbal, señalan que contribuyen con la transparencia que demandan los sectores sociales y políticos, que el Ministerio Público investigue la declaración jurada de bienes de los funcionarios entrantes y de los salientes.
Saviñón sostuvo que la Procuraduría General de la República tiene la facultad de investigar las declaraciones juradas, luego de haberla revisado y llamar a los declarantes para que justifiquen los soportes de dichos informes.
Mientras que el senador Rodríguez, de Fuerza del Pueblo por la provincia de San Cristóbal, opinó que no se puede hablar de persecución política en los interrogatorios porque hay funcionarios y exfuncionarios de los principales partidos del país, incluyendo el oficialista Partido Revolucionario Moderno.
“Yo no podría decir que hay persecución política porque los tres citados, Kimberly Taveras, Félix Bautista y Lucía Medina, pertenecen a los tres partidos mayoritarios”, dijo el legislador sancristobalense.
