NOTA ENVIADA A
EL FARO DEL SUR
BARAHONA: La Articulación Nacional Campesina (ANC), presentó una denuncia por ante la Procuradora Miriam Germán Brito, en la que solicita investigar el contrato de arrendamiento del ingenio Barahona, ocurrido en el primer gobierno del expresidente Leonel Fernández, en el marco del proceso de capitalización de las empresas del Estado.
La ANC solicita a Germán Brito, investigar a Virgilio Pérez Bernal, presidente del Consorcio Azucarero Central (CAC) y Juan Francisco Matos Castaños, pasado Director Ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Considera a Pérez Bernal y Matos Castaños, de principales responsables de lo que consideran “gran estafa contra el Estado dominicano y la Región Enriquillo”, con el manejo que se dio al contrato de arrendamiento del central azucarero local, en su momento el principal pulmón económico de la zona Suroeste.
Los campesinos exigen poner término inmediato al contrato de arrendamiento y que las tierras y demás activos del ingenio Barahona pasen a manos de una Cooperativa de producción integrada por los trabajadores a beneficio de las comunidades y el desarrollo de la región más de Republica Dominicana que conforman: Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales.
Conjuntamente con la denuncia depositada en la PGR, los campesinos señalan en documentos presentados, que hay supuestas irregularidades y situaciones dolosas que hacen insostenible el mantenimiento del referido contrato.
Como irregularidades indican que el CAC duró 11 años sin pagar las cuotas de arrendamiento fijo y variables al CEA, así como reconocimiento de inversiones falsas a los arrendatarios privados.
Además, falsificación de los inventarios de los terrenos entregados en 100 mil tareas nacionales, entre otras acciones dolosas que no han podido ocurrir sin que los titulares del CEA durante varios años no hayan recibido ningún beneficio por ello.
“El conjunto de irregularidades descubiertas y denunciadas convierten el contrato de arrendamiento del ingenio Barahona en un documento legalmente nulo, por lo cual las organizaciones de trabajadores, campesinos, sociales y comunitarias de la Región Enriquillo desde ya se preparan para movilizar las comunidades para recuperar los activos del ingenio”, exponen en nota de prensa.
Exigen, asimismo, consecuencias penales para todos los responsables de estos actos, suspensión del contrato de arrendamiento e intervención del central azucarero local con la designación de una comisión especial provisional por parte del Poder Ejecutivo.
“Hasta tanto se esclarezcan los detalles de estos hechos y se regularice este patrimonio público a favor de la región más pobre del país, que ha sido vilmente estafada”, exponen.
