Definen como acto de justicia decisión sobre Bahía de las Águilas

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PEDERNALES: La ratificación de la titularidad al Estado de los terrenos de Bahía de Las Aguilas por parte del Tribunal Constitucional (TC) fue ponderada este sábado como un acto de justicia por el Ministerio Público, a través del abogado del Estado y fiscal ante la jurisdicción inmobiliaria, Gedeón Platón Bautista.

El Tribunal Constitucional (TC), luego de acoger la petición del Ministerio Público, rechazó varios recursos de revisión constitucional a decisiones jurisdiccionales y ratificó la titularidad al Estado dominicano del derecho de propiedad en Bahía de Águilas.

Con su decisión, el TC confirma la sentencia número 918, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el 28 de diciembre de 2018, mediante la cual quedó confirmada la decisión del Tribunal Superior de Tierras del Distrito Nacional que declaró la nulidad de los títulos emitidos a favor de particulares en Bahía de las Águilas, en Pedernales.

El Ministerio Público destacó que se trata de un fallo definitivo, que pone fin a la litis que llevaba el Estado contra varias personas que se atribuían la titularidad de los terrenos de Bahía de Las Águilas.

Dijo que es una decisión de gran trascendencia para el Estado, que ha recuperado definitivamente la titularidad de millones de metros cuadrados en Bahía de las Águilas que estaban registrados a nombre de particulares, producto de uno de los fraudes más grandes registrados en materia inmobiliaria en el país. Resaltó que ello contribuirá con el desarrollo de la nación y el sector turístico.

Los recursos respecto a dicha sentencia fueron rechazados a las partes recurrentes, razón social Águila Domínico-Internacional, S. A.; Fomento de Obras y Construcciones, S. A. (Focsa); entidades comerciales Bel-Three Property Management Limited, Bel Dominicana Corporation, Lamb Development Corporation, así como a la señora Yovanka Indhira Torres Robles, alegados adquirientes de terrenos en Bahía de las Águilas. Los jueces establecieron que con la decisión precedente no se produjo violación a ningún derecho fundamental.

El Estado estuvo representado por el Ministerio Público a través del abogado del Estado y fiscal ante la jurisdicción inmobiliaria.