POR SANTO SALVADOR CUEVAS
El río Dajabón, conocido en francés como Riviére Masacre o río Masacre, no sólo es una afluente de agua, también es la parte limítrofe que separa el territorio de las Repúblicas Dominicana y de Haití, por tanto no es propiedad de uno ni de otro sino de los dos países insulares.
La decisión de construir un canal para desvío de las aguas de dicho río, en beneficio de un lado, es incorrecto y violatorio al Derecho, siempre que se proceda de manera unilateral.
Por razones humanitarias o por la misma subsistencia humana, hay que hacer uso de esas aguas, siempre bajo la previa anuencia de ambos estados.
Pero por Dios, porqué tanta hipocresía, por qué dar una dimensión política a este caso, muy por debajo y con indiferencia al acto criminal que, con apoyo del gobierno dominicano, pretende aplicar la minera Barrick Gold, sobre las aguas del río Cuance en Peralvillo, provincia de Monte Plata, donde se va a envenenar las aguas que sirven de regadío a esa Región y de la que toman los habitantes del Gran Santo Domingo.
Por qué no dimensionar ese hecho irresponsable y criminal.
Hablen del acto criminal llevado a cabo en Las Filipinas, provincia de Barahona, con apoyo oficial por la minera Belfond Enterprise, quien, sobre todo, ha puesto en muy notable peligro todas las afluentes de aguas que circulan hasta llegar al mar.
Se detiene este acto o nos quedamos sin playas.
De qué desarrollo de Polo Turístico habla el presidente Luis Abinader, si a la vez da apoyo y protege el crimen llevado a cabo por esta minera sobre Barahona y toda la Región Enriquillo.
Soy de opinión de que, así como se asume postura sobre lo que pasa en el río Masacre, así mismo el Poder Ejecutivo debe proceder a rescindir los acuerdos llevados a cabo con las mineras que amenazan las vidas y la salud de miles de habitantes ubicados sobre las provincias de Monte Plata, Barahona y la Región Enriquillo.
La lucha y la resistencia del pueblo se justifican.
