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Advierten a proveedores podrían recibir multas de hasta 3 mil salarios mínimos por conclusión

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SANTO DOMINTO: La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA) y la Dirección General de Contrataciones Públicas en el marco del acuerdo de cooperación interinstitucional suscrito entre ambas entidades en fecha 9 de diciembre del año 2020, manifiestan su interés en reiterar que los acuerdos y concertaciones de ofertas en términos de precio o cualquier condición comercial en procesos de compras y contrataciones públicas, así como la repartición o asignación de ofertas en dichos procesos, están prohibidos por el artículo 5 de la Ley General de Defensa de la Competencia, Núm. 42-08 y pueden acarrear multas de hasta 3,000 veces el salario mínimo; al tiempo los actos de colusión en la presentación de ofertas pueden implicar la inhabilitación permanente del Registro de Proveedores del Estado (RPE), conforme el numeral 5) del artículo 66 y su numeral 3 del párrafo III de la Ley de Compras y Contrataciones, Núm. 340-06 y sus modificaciones, así como el numeral 3) del artículo 29 de su Reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto Núm. 543-12.

Este ilícito se llama colusión y mediante los nuevos sistemas de monitoreo implementados por la Dirección General de Contrataciones Públicas, más fácilmente pueden identificarse alertas de posibles indicios a los fines de iniciar las investigaciones correspondientes que conduzcan a confirmar si existe o no colusión. En virtud de lo anterior, conscientes de la importancia económica que revisten las contrataciones públicas para el Estado y con el objetivo de prevenir la comisión de prácticas que obstaculicen el uso eficiente de los fondos públicos, PRO-COMPETENCIA y la Dirección General de Contrataciones Públicas advierten a los oferentes y proveedores del Estado que se abstengan de promover acuerdos o participar en concertaciones sobre sus ofertas para lograr la adjudicación concertada o el favorecimiento de ciertos proveedores, así como a los distintos entes y órganos de la Administración Pública, para que realicen la debida diligencia al momento de evaluar las ofertas, activen mecanismos de alerta e identificación de posibles prácticas colusorias en materia de contratación pública.

A tales fines, PRO-COMPETENCIA y la Dirección General de Contrataciones Públicas se reiteran públicamente a la disposición de dichos proveedores y de las entidades contratantes para aclarar el marco normativo al cual deben apegar sus actividades en aras de prevenir los actos de colusión en materia de compras públicas. Asimismo, se exhorta consultar la “Guía para la Prevención y Detección de la Colusión en la Contratación Pública”, publicada por la autoridad de competencia con el objetivo de informar a los proveedores sobre las decisiones y comportamientos a evitar para asegurar el cumplimiento de las reglas de competencia; y de dotar a los entes, organismos y entidades del sector público, de las herramientas y criterios a tomar en cuenta para la detección de indicios de colusión en la contratación pública. La guía está disponible en www.procompetencia.gob.do

De igual manera, enfatizamos que, sin desmedro del presente llamado público, PRO-COMPETENCIA y la Dirección General de Contrataciones Públicas, en un esfuerzo conjunto por prevenir los actos de colusión en la contratación pública que distorsionan la competencia y debilitan el interés general, han coordinado sus esfuerzos para el seguimiento y monitoreo de los procesos de adquisición, a través del Portal Transaccional y las demás herramientas del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, con el objeto de detectar la existencia de indicios de prácticas de colusión en la contratación pública que ameriten el inicio de los procedimientos de investigación y la aplicación de las sanciones correspondientes, conforme el marco normativo existente.