TAMAYO, Bahoruco: Las organizaciones Campesinas y sociales del Suroeste denunciaron una maniobra que pretende poner en práctica en el día de hoy lunes 13 de septiembre el Consorcio Azucarero Central (CAC) para apoderarse de manera ilegal de unas 32,200 tareas de los proyectos de la Reforma Agraria del Instituto Agrario Dominicano (IAD) en las zonas campesinas del municipio de Tamayo.
Las entidades describieron que la maniobra consiste en repartir 80 cheques de la empresa guatemalteca propiedad de la familia Campollo y encabezada en el país por el ingeniero Virgilio Pérez Bernal, a través de dos testaferros del CAC, los señores Milcíades Montero y José Luis de la Rosa (Puchuco), quienes intentan sobornar a un grupo de los campesinos acampados en el Campamento Libertad de El Aguacatico, para que estos acepten arrendar sus tierras, desalojar el campamento y dejar el camino libre al consorcio para que este pueda apoderarse de las tierras de la reforma agraria que pronto podrán regarse con las agua de la Presa de Monte Grande cuando esta entre en operación próximamente.
Según afirman los cheques están retenidos desde hace tres meses en las oficinas del Consorcio debido al conflicto que hay en la zona y los mismos corresponden al asentamiento fantasma AC-571 de la parcela 273, que hizo el último director del IAD del gobierno de Danilo Medina, Emilio Toribio Olivo, el 4 de agosto del 2020, faltando 12 días para el cambio de gobierno.
El citado contrato fue con el objetivo expreso de transferir de manera irregular 2,200 tareas al CAC a través de un conjunto de falsos agricultores que en realidad son comerciantes y transportistas de Tamayo encabezados por José Luis de la Rosa (Puchuco) quien firmara un contrato espurio para hacer efectivo el despojo (ver adjunto).
Agregaron que durante la gestión de Leonardo Faña al frente del IAD los ejecutivos del CAC no pudieron hacer efectivo el contrato mafioso, pero cuando el ingeniero Danilo del Rosario entró como director interino del IAD, éste se puso incondicionalmente del lado del consorcio y se dispuso a materializar la maniobra, razón por la cual los parceleros opuestos a la trama montaron el Campamento Libertad para impedirlo y también para detener la destrucción de cultivos que venía ejecutando la empresa.
Agregaron que el objetivo del CAC no es solo apoderarse de las 2,200 tareas de la parcela 273, sino de prácticamente todas las tierras productivas de la zona para sembrar caña para el Ingenio Barahona, y que ese objetivo se ha visto dificultado por la existencia del Campamento que está ubicado justamente en las tierras correspondientes a esta parcela.
Continuaron diciendo que frente a la situación creada el Consorcio procedió el día 29 de agosto a ocupar las tierras del Lote 4, unas 30 mil tareas de los proyectos de reforma agraria de las comunidades de Altamira, Conuquito y Barranca con 9 maquinarias y más de 50 militares generando una situación de zozobra en estas comunidades.
Agregaron que el jueves 2 de septiembre los campesinos se presentaron masivamente en los terrenos y lograron sacar las maquinarias del Consorcio, establecer otro campamento (el Libertad 3) y recibir el apoyo del doctor Manuel María Mercedes y un grupo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que durante los días 3 y 4 de septiembre se trasladó a la zona para verificar las violaciones a los derechos fundamentales del consorcio azucarero.
Las organizaciones afirman que es en medio de esa situación que el Consorcio recurre al señor Elifervo Herasme, director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal (UTEPDA) antiguo Alcalde del Municipio de Neiba, que tiene varios meses mediando en el conflicto, ya que tiene aspiraciones a la senaduría de la provincia Bahoruco y quiere ganarse el respaldo de sectores de las comunidades campesinas y los bateyes de la zona.
Dijeron que la misión del señor Herasme en este caso es evitar que sea descubierto que el asentamiento AC-571 de la parcela 273 es fantasma y recibir a cambio favores del Consorcio Azucarero Central.
Denunciaron que el señor Elifervo Herasme conoce el carácter ilegal de los contratos del CAC, pero prefiere hacerse de la vista gorda porque esta empresa es de las principales financiadoras de candidatos de la región con los beneficios al margen de la ley que por años ha obtenido en el Ingenio Barahona.
Señalaron que el Consorcio ha utilizado también al periodista Freddy Aguasvivas, a quien contrató en el mes de marzo del 2021 cuando estallaron las primeras movilizaciones debido a la destrucción de plantaciones de plátanos, guineos, limones, aguacates y otros productos que ejecutó el CAC.
Dicen que las funciones del señor Aguasvivas bien conocido por su actividad como sicario mediático eran supuestamente mejorar la imagen del consorcio comprando medios de comunicación, pero sus funciones han sido ampliadas, y este señor se traslada a la zona a reunirse con los testaferros de la empresa y a intentar sobornar a líderes campesinos.
Los grupos campesinos dijeron que esta maniobra fracasará, porque solo por encima de sus cadáveres el Campamento Campesino Libertad I será desmantelado.
Concluyeron diciendo que el Consorcio Azucarero Central (CAC) ha estado operando por más de 20 años al margen de la ley, llevando pobreza a la Región Enriquillo y que es usual que sobreviva comprando políticos y comunicadores y agregan que en la actual administración le impiden a las instituciones del Gabinete Agropecuario cumplir con los acuerdos a que llegan con los campesinos, porque tienen un padrino en el Palacio Nacional, el señor Lisandro Macarrulla que es defensor de sus intereses frente al presidente Abinader.
