El fallo pone un alto a las pretensiones de los recurrentes, que buscaban una indemnización y la paralización de labores de proyectos turísticos en Pedernales bajo el alegato de que eran parceleros del Instituto Agrario Dominicano y propietarios sobre los terrenos en Bahía de las Águilas.
El tribunal, compuesto por los magistrados Antonio Sánchez Mejía, Cecilia Badía Rosario y Franny González Castillo, rechazó dicha acción de amparo en cumplimiento por improcedente, por existir sobre el caso la “cosa juzgada” y por razones de seguridad jurídica.
En sus motivaciones, los jueces señalaron que su decisión tiene soporte en el principio constitucional de seguridad jurídica y en las disposiciones de los artículos 51, 69, 72 y 110 de la Constitución; 8, 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 135, 544 y 545 del Código Civil y 44 de la Ley 834, que modifica disposiciones del Código de Procedimiento Civil, norma jurídica del derecho común aplicable a los procesos constitucionales.
“La importancia de esta decisión es que deja un mensaje positivo a la seguridad jurídica, a los inversionistas nacionales y extranjeros en los proyectos que se llevan a cabo en Pedernales”, indicó el abogado del Estado, Gedeón Platón Bautista Liriano, sobre el impacto de esta decisión de los jueces del Tribunal Superior Administrativo.
La acción de amparo en contra de Bahía de las Águilas, el Estado Dominicano y el Instituto Agrario Dominicano (IAD) fue interpuesta el pasado 12 de agosto por los señores Guillermo Féliz Gómez, Alcadio Guevara Cuevas, Francisco Tejada Cabral, Pedro Galarza Sánchez, Wilfrido Gómez Gómez, Esteban Perreras Poché, Miguel Peña, Eddy Santana Pérez, Felipe Heredia Avelino, Ángel Estephan Ramírez, Carlos Corniell Pérez, ErfI Pérez Moreta, Evangelio Cruz Rivas, Rubén Matos Suárez, Silvio Pérez, Antonio Díaz Cisnero y Américo Mena Rosario.
