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Finjus recuerda a ADP que tribunales han fallado en su contra por llamar a no asistir a clases

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SANTO DOMINGO; La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (Finjus), cuestionó la situación creada como consecuencia de la decisión de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de llamar a sus miembros a no asistir a las aulas bajo el argumento de que la crisis sanitaria creada por la pandemia del COVID-19 pondría en peligro la salud de maestros y estudiantes, por lo que recordó a ese gremio que ya los tribunales han fallado en su contra por afectar el derecho constitucional a la enseñanza .

Finjus afirma que a diversos sectores de la sociedad dominicana les preocupa “que la ADP se arrogue una función institucional que no le corresponde, al desconocer las decisiones de los órganos e instituciones que por mandato constitucional y legal están llamados a regular y adoptar las medidas que se requieran para asegurar el normal funcionamiento de la vida nacional”.

“Desconociendo los llamados de las autoridades educativas, de la salud y de amplias capas sociales, la ADP reitera una conducta que en ocasiones anteriores ya ha sido sancionada por los tribunales de la República, que es la de afectar el derecho a la educación de niños y adolescentes dominicanos por adoptar decisiones al margen de los mecanismos  previstos por las leyes”, indica la Finjus.

Se recuerda que en el 2017, la Primera Sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de Barahona, ordenó a la ADP de esa provincia levantar en lo inmediato la suspensión de la docencia que empezó el 16 de enero del 2017 y a convocar a la clase magisterial e integrarse a su labor docente en los distintos centros educativos que le son vinculados.

Igualmente les impuso el pago de un astreinte de RD$50,000 a la seccional de Barahona de la ADP por cada día que incumplan con levantar un paro de docencia. Argumentó que el conflicto “que los ha llevado a la huelga es entre el gremio y el Ministerio de Educación, y los estudiantes no deben ser un medio para solucionarlo. La sentencia fue luego confirmada por el Tribunal Constitucional en el 2019.