El órgano de la persecución penal solicita la imposición de prisión preventiva y que se declare complejo el proceso seguido contra los imputados Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo en Jimaní de la Dirección General de Migración, y el inspector Johan Rosario Castillo, así como de Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, Delson Manuel Medina Díaz, Dominga Guzmán, Deivi Nova Reyes y Juan Mateo Feliciano (Yefo).
La fiscal Belkis Ulloa, de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), calificó de graves los hechos cometidos por los imputados como parte de sus actividades en la estructura criminal.
Una nota de la Procuraduría General de la República dice que el Ministerio Público viene realizando la investigación desde diciembre pasado, a propósito de acciones delictivas, entre las que se advierte hasta hechos de secuestro en perjuicio de nacionales cubanos.
“Se les acusa de la comisión de varios ilícitos penales, entre ellos, el tráfico ilícito de migrantes, delitos asociados a la corrupción administrativa, así como también delitos de secuestro, porte y tenencia ilegal de armas de fuego, entre otros delitos que ya se han establecido en la solicitud de medida de coerción que el Ministerio Público ha presentado en contra de los imputados”, manifestó a periodistas que la abordaron luego de que el Juzgado de la Instrucción de Jimaní, provincia Independencia, aplazara el conocimiento de la coerción para el próximo miércoles.
“Se trata de una estructura de criminalidad organizada, dedicada a la comisión de estos actos ilícitos, de manera reiterada, de acuerdo a las evidencias que se han ido recolectando en el curso de la investigación que hemos estado realizando”, añadió la fiscal de la PETT.
