Esta obra precedida de amplios cuestionamientos, que ha sido objeto de controversias y acusaciones de corrupción y falta de estudios técnicos en su diseño cuando se trataba de dar inicio, luego de hacer las “correcciones necesarias” comienzan su construcción por el año 2017.
En esta travesía larga, al Gobierno se le ha estado reclamando su terminación por su trascendencia política y social que implica para la zona.
Pocas o ninguna vez ha existido una explicación convincente, capaz de despejar todas las dudas de este proyecto. Por tanto, sospecho que no hay una correcta adecuación con la inversión que ya involucra una demencial suma de dinero.
Según el Gobierno la represa sería terminada en agosto del 2022, y creo que eso es apurar los plazos para justificar un préstamo de 623 millones de dólares (35 mil millones de pesos) para su conclusión. Realmente es un planteamiento surrealista con el historial de una empresa que no es de las mejores referencias; pero, además, las obras complementarias (riego, rehabilitación de suelos, acueductos, etc.) para cuándo? Pienso que hay riesgos considerables en lo presupuestado y algún organismo oficial debe detener esta onerosa obra y auditarla, que con tantos cambios de factores que ha habido, podría trastocar su efectividad.
Y la verdad es que no nos hemos resguardado de malas prácticas que hacen aceptable prejuzgar la ejecución que no sabemos si se hace con lealtad y el contrato con el cumplimiento de las respectivas obligaciones.
La historia de este proyecto parece que quedará inscrito en negritas por todas las dificultades, y reconociendo que es fatigoso emprender una auditoría técnico-financiera, para saber el cumplimiento formal de las obligaciones de las partes, se exige una rápida aclaración antes de terminar en un crónico descrédito y un gran fracaso.
