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En el caso Mariano Montero, una actuación policial represiva, exagerada y humillante.

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POR RAMON LOPEZ YNOA
Tomado de surexpreso.com

 Problemas de manutención los hay por doquier y la manera de abordarlos siempre había seguido un mismo patrón o procedimiento judicial. Pero, en el caso que envuelve en los actuales momentos al ex diputado de la República por la provincia de Barahona, el licenciado Mariano Montero, parece que se rompe con el esquema tradicional pudiéndose catalogar de atípico.

Este domingo, 10 de julio, Mariano Montero llegaba al sitio en el que se celebraría un acto político de su partido, la Fuerza del Pueblo, presidido por su líder, el doctor Leonel Fernández. Lo esperaba una patrulla comandada, nada más y nada menos, que por un coronel de apellido Núñez. Lo apresaron ahí, de manera indignante, humillante, a la vista de todo el mundo.

Pudo haber sido que por el estado de shock en que quedó al ser detenido intempestivamente debió ser hospitalizado de emergencia por su cuadro clínico de hipertenso y diabetes avanzada. En la cama hospitalaria fue esposado. No se conocen las razones.

Una vez hospitalizado el encargado de su apresamiento presiona a la clínica para que le entreguen al detenido para conducirlo a la ciudad capital.

Independientemente de que sean ciertas o no las razones que motivaron ese apresamiento la verdad es que la actuación policial, durante y posterior al mismo, desbordó todo respeto a la dignidad humana y exageró el debido procedimiento.

En síntesis, fue una actuación policial represiva, exagerada y humillante en contra del ex diputado de la República.

¿Por qué esperarlo en un acto político si todos conocen en donde vive Montero? ¿por qué, si todos saben dónde se reúne con la dirigencia de su partido, hubo de hacerse de esa manera? ¿Por qué estando en una cama hospitalaria se le esposa como si fuera a fugarse?

“Esposarlo fue una manera intencionada de humillarlo y avergonzarlo” comentó el comunicador y abogado Ezequiel Cuevas, y nosotros agregamos que con ello se buscó golpearlo en su condición y dignidad humana en una respuesta sobredimensionada que retrotrae al aparato policial a tiempos ya superados por la sociedad dominicana.

En un comentario por las redes sociales, el periodista Gabriel Reyes Romero explica que la SCJ “le metió una pensión alimentaria de RD$100,000.00 y que debido a la pandemia se retrasó en el proceso y hoy le reclaman el pago de RD$1,700,000.00 (Un millón setecientos mil pesos dominicanos)”.

De ser cierto, eso no justifica el maltrato físico y moral a Montero. Se le pudo detener, pero, respetando su condición de ciudadano de bien.

Pareciera que manos oscuras se empeñan en dañar la imagen pública del ex diputado Montero con un hecho indignante en el que pudiera estarse conjugando su trayectoria personal, su currículum político y la acción de una persona que se ceba en el pasado de una relación frustrada.

Sobre las cualidades personales y morales de Mariano Montero la sociedad barahonera no tiene la menor duda, y así se lo ha demostrado en su apoyo casi unánime en las redes sociales. Sobre su accionar político es innegable que ha sido exitoso en los certámenes electorales en los que ha participado y es obvio que el pasado de una relación sentimental frustrada es el origen de la situación por la que atraviesa y que ese pasado busca destruirlo tanto en lo personal como en lo político.

Vaya nuestro apoyo al amigo Mariano Montero, que llegue a un acuerdo con la parte demandante y que se enfoque en estabilizar su salud para bien de todos.