En el nuevo país que tendremos en los venideros años, según nuestro mandatario Luís Abinader, ahora con el teleférico y el metro de Los Alcarrizos, y los programas sociales lanzados en su gestión, propongo una ley anticorrupción, para aportar también mi granito de arena como ciudadano y como persona que sueña con una mejor nación, de equidad, honestidad y conciencia, al igual que todos los funcionarios (me imagino) y demás habitantes que componen este pedazo de tierra.
Para poder solucionar el problema de la corrupción, dicha ley sólo será derogada por un Tribunal Supremo cuyos integrantes no sean militantes políticos, el cual también tendrá la responsabilidad de elegir a sus representantes, los cuales asumirán la potestad de aplicarla.
Esta ley castigará a todo el que incurra, y haya incurrido en hechos deshonrosos, que hayan atentado contra la buena imagen y costumbre de nuestro pueblo, tanto fuera o dentro de la administración pública.
El tribunal se encargará de clasificar y sancionar a cualquier persona o director del Estado según la magnitud del hecho, estableciendo condenas progresivas, estribando la gravedad de éste. Dichas condenas irán en aumento, dependiendo del agravio cometido por un individuo, oscilando gradualmente entre 10,15, 20,25,30, 35, hasta 60 años de cárcel para todo el que merezca una de esas penas.
Estos años serán sin apelación ninguna, ni libertad condicional, no importando tampoco la edad de la persona. Los bienes que este posea serán incautados de acuerdo al caso, después de haber sido condenado, y si el que comete el ultraje es un funcionario público, no podrá volver a aspirar a ningún cargo político.
Los bienes serán retirados paulatinamente, con el único objetivo de pagar educadores de la conducta humana, durante todo el periodo de su encarcelamiento, y sus familiares, tanto padres, esposos/as e hijos/as, participarán de las charlas impartidas por dichos educadores, todos los fines de semana durante 2 horas.
Propongo una ley donde la justicia no sea por bandería partidista, sino que aplique todo el peso de la ordenanza sin importar quien o cual haya cometido un agravio en contra del pueblo y sus ciudadanos.
“La Política es un cuerpo, que se anima de su conveniencia, porque no tiene más espíritu que el interés, ni atienden sus acciones a otro fin, que a su propia utilidad, tan viles son sus efectos y tan pocas sus finezas. Tuerta dijo un Político, que es una gran Monarquía, porque cuando parece que mira a una parte, atiende a otra. Pero la Política, siendo el Argos del Mundo, no mira sino así, porque las causas de estado no son de la jurisdicción de la justicia, sino del dominio de los intereses, ni tocan al Areópago de los jurisconsultos, sino al Tribunal de los Políticos, los cuales no tienen más leyes que las de su conveniencia, ni alegan otros textos, que los de su propia utilidad. (Discursos Políticos, 1646, España).”
