El tribunal dispuso, además, impedimento de salida y la obligatoriedad de presentarse los días 12 de cada mes por ante el despacho de la fiscal a Rafael Urbáez, imputado del hecho.
La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) sometió a la justicia al imputado, quien se valió del pago a unos trabajadores haitianos para la tala y quema de árboles en un predio de su propiedad de 400 tareas de tierra, ubicada en el paraje Gromá, del distrito municipal Juancho.
A través de un comunicado, el Ministerio Público informó que detectó la acción depredadora en trabajos coordinados con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa).
Durante la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción, el Ministerio Público estuvo representado por Israel Trinidad Ferreras, coordinador de Proedemaren en esta provincia, quien mostró los elementos de prueba que presuntamente implican a Urbáez con la destrucción de los árboles, en violación de la normativa medioambiental del país.
