Un estudio que está obligado a autorizar, que se hace de acuerdo a los términos de referencia que dicta el Ministerio de Medio Ambiente y que ejecuta una empresa especializada registrada y autorizada por el Ministerio de Medio Ambiente.
El ministro de Energía y Minas habló, en este mismo medio, sobre una “licencia social” que no se sabe muy bien qué es. El estudio de impacto ambiental conlleva obligatoriamente vistas públicas en las comunidades y recoge todos los aspectos sociales que el Estado quiera incluir en sus términos de referencia.
Negar la posibilidad de hacer un estudio de impacto ambiental a una empresa a la que se concedió los permisos de exploración, y que ya ha sido favorecida con una sentencia en los tribunales, no es la mejor prueba de que la institucionalidad y la seguridad jurídica están garantizadas en el país.
