Alguien está asesorando muy mal al poder ejecutivo, es lo que se deprende del retiro apresurado de una pieza legislativa que apenas hacen días el mismo Gobierno introdujo al Congreso Nacional, para que los legisladores conviertan en ley.
Lo cierto es que estamos ante una "pifia" del poder pues lo idóneo sería que antes de introducir un anteproyecto de ley el mismo sea bien ponderado y evaluado hasta en sus puntos y comas, y, una vez comprobada su conveniencia al interés general de la Nación, entonces (y solo entonces) se envía a las cámara
s legislativas para su aprobación.
s legislativas para su aprobación.
Una pifia recurrente
El retirar de repente piezas legislativas del Congreso no es la primera vez, ahora al hacerlo en apenas días la pieza que introdujo vía el Senado de la República, de este accionar se pueden extraer varias enseñanzas o conclusiones, entre ellas queda en evidencia "una pifia" que indica que en el entorno del Poder Ejecutivo alguien está enviando ante proyectos al Congreso sin ponderación ni miramiento, colocando al presidente de la República en situación muy crítica lo que le convierte en "blanco de ataques" desde el seno la sociedad, de sus fuerzas vivas, incluida la oposición política y hasta desde el seno del partido oficialista.
Así mismo, el señor Homero Figueroa, Vocero del Gobierno, debió llegar a la opinión pública con humildad y el reconocimiento autocritico de "la pifia" cometida desde el Palacio Nacional, y no pretender confundir al país vendiendo la idea de que la pieza se retira del Congreso porque "la solución a los problemas de Haití no está en territorio dominicano", pues fíjese para el Gobierno esa "solución" está aquí y el poder ejecutivo pretendió que el Congreso convierta en ley ese interés recurrente de la llamada comunidad internacional.
De manera tal que, ese nacionalismo de ocasión llegó muy tarde pues a la Nación entera le consta que si retiraron la pieza es porque el carácter lesivo a la soberanía nacional fue detectado a tiempo y el rechazo fue contundente y en crecimiento, a tal punto que el Gobierno fue aislado y puesto en evidencia de ser el portador en el país de un adefesio jurídico con el que se pretende convertir en ley un "principio de no retorno".
De ser convertida en Ley esa pieza introducida desde el Palacio Nacional, entonces el país estaría obligado a asumir y brindar protección a toda la avalancha humana que, como consecuencias de la crisis política e inestabilidad en Haití, cruzan la frontera corriendo y al terror que impera en ese pueblo hermano.
Al Gobierno corresponde obrar con entereza en defensa del interés general, y es papel de cada ciudadano dominicano mantenerse alerta, vigilante y en guardia ante los planes de una comunidad internacional que ha mostrado indiferencia ante la realidad del pueblo haitiano.
Son las mismas potencias que durante una sangría prolongada en la historia, saquearon las riquezas naturales del pueblo haitiano y, en vez de retornar con inversiones y obras de infraestructuras al seno de esa Nación para su rescate económico y político, prefieren utilizar el poder y la influencia para lograr que sea el pueblo dominicano el que cargue con el desmonte político y económico en que han dejado al pueblo de Haití.
