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viernes, 17 de marzo de 2023

Alcaldes judicializados: Uno arrestado y otro pendiente de casación

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Los alcaldes Juan Antonio Adames y Carlos Valentín Bautista entre condenas por negativa de pago de deuda y desfalco y prevaricación en perjuicio del Estado dominicano.

POR  MERY ANN ESCOLÁSTICO 
Tomado de Acento.com.do

SANTO DOMINGO: Desde hace unas cuantas semanas han estado sonando en la Justicia los nombres de los alcaldes de Jaquimeyes y el de La Romana por estar vinculados en causas judicializadas por negativa de pago de deuda y desfalco y prevaricación en perjuicio del Estado dominicano.

Como se informó oportunamente, el alcalde de La Romana, Juan Antonio (Tony) Adames, fue arrestado  ayer luego de ser ratificada una sentencia de dos años de prisión por la Suprema Corte de Justicia por negativa de pago al escultor Luis Castillo.

Esta detención se debió a que el juez de la ejecución, quien es el encargado de velar por el cumplimiento de las sentencias, según el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal, emitió el 13 de marzo del 2023 un auto de arresto y el 15 se ordenó el auto de allanamiento haciéndose efectivo el día 16.

El militante del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) deberá de cumplir con la condena de dos años de prisión y al pago de una indemnización de RD$ 4.05 millones a favor del escultor Luis Castillo, al igual que las costas del proceso, interpuesta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en fecha 23 de febrero del año en curso.

Mientras que el alcalde de Jaquimeyes, militante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carlos Valentín Bautista, fue juzgado en primera instancia por la Corte de Apelación de Barahona en jurisdicción privilegiada de Barahona por desfalco y prevaricación en perjuicio del Estado dominicano.

Actualmente está pendiente de conocerse en casación el recurso del 6 de marzo sobre la sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. El plazo para conocerlo está abierto, razón por la cual no se ha registrado la ejecución de la sentencia.

Este caso inició el 27 de septiembre del año 2018 con una querella presentada en la Procuraduría General de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona, realizada por Anulfo Confesor Urbáez, quien se hizo representar por los abogados Luis Emilio Cuello y Edgar Augusto Féliz Méndez.